Transparencia en la protección de la infancia

Señora Consellera,

Cuando la administración habla de "desamparo" de un menor no está describiendo un trámite ordinario, sino la decisión más grave que puede adoptar un sistema público de protección: separar a un niño de su familia. Por eso resulta difícil de entender que, en ocasiones, se reduzca a la expresión "los informes son contundentes", sin más explicación.

Nadie discute que existan situaciones en las que la intervención es necesaria, incluso urgente. Pero el problema no es la intervención, sino la falta de transparencia sobre cómo se toman estas decisiones.

Detrás de estos expedientes hay familias vulnerables, con pocos recursos y, en muchos casos, inmigrantes en situación de fragilidad. No parten en igualdad de condiciones frente al procedimiento. Si deciden recurrir, deben asumir un proceso judicial largo y costoso, con gastos que muchas veces no pueden afrontar.

El Síndic de Greuges ha advertido de la falta de homogeneidad en los criterios de los Servicios Sociales municipales y de la frontera difusa entre riesgo y desamparo.

A ello se suma una cuestión clave: no existen datos públicos sobre cuántas declaraciones de desamparo se realizan al año, ni cuantas son revisadas o anuladas por los tribunales.

Un error en este ámbito no es un expediente: es una familia ya rota.

Y cuando el sistema falla, el daño ya está hecho. ¿Cuántas veces ha fallado en 2025?

La protección de la infancia exige firmeza, pero también transparencia y control.