La otra crisis: despilfarro lingüístico

Nuestra clase política, todos sus miembros sin excepción, tuvieron la suerte de aprender la lengua española durante su infancia y también, si provienen de las regiones con idioma propio, estudiar y practicar su lengua autonómica. Resulta comprensible y deseable que en los parlamentos autonómicos los políticos utilicen su lengua vernácula, pues tienen el derecho y el deber de conocerla y de utilizarla. Pero la situación cambia de forma radical cuando pretenden eso mismo en las Cortes Generales, donde todos los diputados dominan la lengua española y necesitan de un traductor si se les habla en una lengua cooficial diferente a la suya propia. Con qué facilidad algunos son capaces de malgastar el dinero que no es suyo y más todavía si algún político está convencido de que el dinero público no es de nadie. Por eso, por respeto a todos los contribuyentes, los políticos que utilicen las lenguas autonómicas en el Congreso o en el Senado deberían pagar de su propio bolsillo los gastos de la traducción simultánea. Y si se diera el caso de que van justos de dinero, ellos mismos podrían traducir al español sus intervenciones y también los escritos oficiales que se dignen presentar. Con esta medida se comprobarían dos cosas: el grado de su convicción lingüística y el perfecto dominio que tienen de la lengua española la mayoría de los diputados, al ser el español su lengua materna.