Todos contra Javier Tebas y la Liga para que el primer macrojuicio por corrupción deportiva que tiene lugar en España no se celebre. Esta es la estrategia que siguieron en la primera sesión de ayer los abogados de los 42 acusados por el presunto amaño del partido que disputaron el Levante UD y el Real Zaragoza en la temporada 2010-2011. El conjunto maño ganó 1-2 y consiguió la permanencia. El resultado forzó el descenso del Deportivo de La Coruña.

Las defensas de los ex jugadores y ex directivos acusados aprovecharon las cuestiones previas para atacar las debilidades del procedimiento y discutir la legitimidad de las sesiones que se prolongarán hasta el próximo 30 de septiembre en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia. ¿El objetivo? Que el juez estime sus alegaciones, suspenda el juicio y dicte necesariamente una sentencia absolutoria.

En concreto, fue el representante del Real Zaragoza -el club está acusado como persona jurídica- quien abrió la caja de los truenos. Planteó la nulidad de todo el proceso al poner en duda la legalidad de la denuncia que presentó Javier Tebas ante la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias que se practicaron a partir de ese momento.

El actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional presentó la denuncia después de que un cliente de su despacho de abogados, al parecer un ex jugador del Zaragoza que no ha sido identificado, le trasladara indicios sobre la presunta compra del partido. Una circunstancia que, según el abogado del Real Zaragoza, es motivo suficiente para que el juicio no se celebre por «vulnerar los derechos fundamentales» de los acusados.

«Es una gravísima infracción al secreto profesional y al derecho de su cliente a que no se conozca lo que manifiesta en la intimidad, más si le confiesa un delito», explicó el abogado. Y añadió: «El origen del procedimiento es que un abogado (Tebas) decide prescindir del secreto profesional y denunciar a su cliente». «Cómo es posible que este juicio se celebre y que nadie haya frenado esto», se preguntó el letrado del Real Zaragoza.

Los abogados de los ex jugadores y ex directivos acusados se pronunciaron en los mismos términos. Calificaron la actuación de Tebas de «ilícita» y cuestionaron su credibilidad, pues sus revelaciones «no han sido complementadas por las declaraciones testificares».

Además, matizaron que no se trata de un tema deontológico sino «un problema de orden penal» tras insinuar la «posible comisión de un delito que se inicia al principio» de la investigación.

Pero los argumentos de las defensas chocaron contra un muro, el de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y el resto de acusaciones.

El fiscal Pablo Ponce relató durante su intervención que «el secreto profesional no es un derecho fundamental», por lo que requirió al juez que continue con el juicio y se proceda al interrogatorio de los acusados.

En este sentido, el fiscal Ponce matizó que «Tebas no ha revelado dato personal o familiar de ninguna persona» ni « ningún dato íntimo» de los acusados. «Ha dado una información respecto a una determinada causa y se ha ido comprobando en la fase de instrucción. El juicio con todas las garantías existe», trasladó el fiscal al juez. Además, recordó que ningún acusado se ha manifestado en todo este tiempo en contra de la denuncia de Tebas o ha identificado a la persona que le informó de los hechos.

«Se rasgan ahora las vestiduras, pues haber denunciado ante el colegio profesional», reprochó el fiscal. Anticorrupción zanjó el asunto puntualizando que Tebas contaba con el « consentimiento para trasladar la información.

En estos mismos términos se pronunció el abogado que representa a la Liga. Aseguró que Tebas «puso de manifiesto que hay otros episodios que conlleva que tenga la necesidad de denunciar», pues no solo utilizó información de su cliente, sino también información que da Fernando Roig Nogueroles -consejero delegado del Villarreal CF-, y toma consciencia que los hechos son veraces».

Según el abogado de la Liga, Javier Tebas también dio validez a otros «testimonios y hitos» que le empujaron a acudir a la Fiscalía. Es decir, «la denuncia habría tenido lugar con independencia de lo que le trasladó su cliente». «No hay actividad ilegítima», concluyó.

Durante la primera sesión de ayer, las defensas también sugirieron la posible prescripción de uno de los delitos que se juzga, el de falsedad documental por la posible tergiversación de las nóminas que se confeccionaron para esconder los sobornos.

Sin embargo, la Fiscalía alegó contra este argumento al afirmar que «en estos delitos complejos, con unidad delictiva y tipos penales cohesionados, hay que atender siempre al delito más grave», en este caso el de corrupción deportiva. Este delito prescribe a los diez años, por lo que el juicio podría seguir adelante, según el Ministerio Fiscal.

Tras escuchar a todas las partes, y antes de decidir sobre su resolución, el juez interrumpió el juicio y está previsto que hoy miércoles comunique su dictamen. La mayoría de los acusados pidieron ayer una dispensa para no acudir a la sesión de hoy, pero el juez tampoco abordó ayer esta cuestión. Por tanto, todos están obligados a comparecer hoy en el juicio pese a que compiten fuera de España.