Tras un conflicto que lleva judicializado 7 años, el pasado 31 de marzo el juzgado número 1 de lo social dictó sentencia número 153/2021 por la que declaró nulo el despido del personal del antiguo balneario, condenando al Ayuntamiento de Chulilla o a readmitirles o a indemnizarles como corresponde, con las antigüedades que cada trabajador tenía. Sin embargo, el sindicato denuncia que el consistorio ha presentado un ERE cuya pretensión es "incumplir la ejecución de la sentencia"

 En agosto de 2014 el Ayuntamiento de Chulilla rescindió el contrato con Termas de Fuencaliente, SL. y recuperó el inmueble. Esta decisión convirtió al consistorio en el empleador, con la correspondiente subrogación del personal del balneario.

 Esta situación fue cuestionada de forma reiterada por el ayuntamiento en los tribunales, alargando el proceso hasta hoy. El juzgado de lo mercantil así lo declaraba en el 2017, y así se ratificó en la sentencia 534/2018 de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de febrero, resolviendo el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento.

En el mes de marzo de 2021, el despido del personal fue declarado nulo, obligando a la empresa, en este caso el Ayuntamiento de Chulilla, a optar entre indemnizar al personal despedido o readmitirlo. En ambos casos deberá abonar los salarios no percibidos (de tramitación) descontándose efectivamente los que hayan podido percibir en otros empleos durante este largo periplo judicial. 

El ayuntamiento ha comunicado al juzgado que acataba el cumplimiento de la sentencia, y que readmitía al personal, mientras anunciaba un nuevo recurso. A juicio del sindicato el consistorio está cometiendo un nuevo error ya que, en lugar de pedir al juzgado que clarifique de forma individual cuáles son las antigüedades y periodos a computar para abonar los salarios de tramitación e indemnizaciones, ha optado por presentar un ERE cuya pretensión es incumplir la ejecución de la sentencia.

 CCOO considera que esta decisión no favorece a ninguna de las partes en conflicto. Ni al personal, que lleva años intentando finalizar con esta tortura judicial para poder continuar su vida de la forma más normal posible. Ni al ayuntamiento y a la ciudadanía de Chulilla, puesto que, además de lo que se demore el fallo ante el recurso interpuesto a la sentencia de marzo, obliga al sindicato a recurrir este ERE iniciando otro proceso judicial y previsiblemente ampliando el periodo de pago para los salarios de tramitación.