A la moción de censura que en julio de 2008 puso patas arriba el Ayuntamiento de Dénia (Ana Kringe, del PP, llegó a la alcaldía con el apoyo del tránsfuga socialista Juan Collado) todavía le queda un último capítulo por escribir. La Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS) ha recibido documentos relativos a presuntos manejos urbanísticos llevados a cabo por el equipo de gobierno que salió de aquel voto de censura.
Este colectivo ha trasladado toda esa documentación al Fiscal General del Estado, ya que considera que se pudieron cometer los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y el medio ambiente.
Además, incide en que «podrían resultar responsables» todos los miembros de aquel gobierno local, de los que siguen en activo la alcaldesa, Ana Kringe, la edil Pepa Font, de Centre Unificat, y los concejales del PP Vicente Chelet, Pepa Sivera y Sisco Signes.
Este colectivo precisa que la documentación que ha recibido acreditaría que los concejales que se aliaron para desbancar de la alcaldía a Paqui Viciano, del PSPV, habrían actuado luego en varios expedientes en contra de los informes. Los asuntos que ya están en manos del Fiscal son una reclasificación de terrenos en la partida Racons, el acuerdo de dejar sin protección la finca histórica de la Baronesa y un cordón dunar de les Deveses y el de-sestimiento en un recurso municipal contra el plan transitorio.
