La factura de los tropiezos urbanísticos del Ayuntamiento de Dénia no tiene fin. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante ha condenado ahora al consistorio a pagar seis millones de euros a los propietarios del terreno que se expropió para construir el segundo centro de salud. El juez acepta el recurso que plantearon los afectados ante «la inactividad de la administración». El actual gobierno local (PP y Centre Unificat) se hizo el remolón a la hora de completar el pago de la expropiación. Alegó que el Supremo había anulado en septiembre de 2012 el plan urbanístico transitorio para dar largas a los propietarios.
El portavoz del PSPV, Vicent Grimalt, hizo ayer pública esta sentencia y reprochó a la alcaldesa, Ana Kringe, y al concejal de Hacienda, Vicente Chelet, que no hayan negociado con los dueños de los terrenos los pagos pendientes de la expropiación. Ahora la sentencia agrava los problemas económicos de un ayuntamiento que, cada vez que anuncia un progreso económico (ahora va a pagar con 700.000 euros de remanente positivo las facturas pendientes de 2013), se topa con una nueva condena por sus fiascos urbanísticos.
Esta expropiación, que se llevó a cabo en 2007, cuando era alcaldesa la socialista Paqui Viciano, no ha servido, de momento, para nada. Entonces el ayuntamiento se veía apremiado a lograr terrenos para cederlos a la conselleria de Sanidad y que construyera el segundo centro de salud. Pero la actual concesionaria de la sanidad comarcal, Marina Salud, no ha hecho ese ambulatorio. La parcela de la avenida Miguel Hernández, de 4.806 metros cuadrados, está muerta de risa.
El edil de Hacienda insistió ayer en que ese convenio es «una herencia» del PSPV. Avanzó que el ayuntamiento ya ha recurrido ante el TSJ el fallo que le obliga a abonar los 6 millones.
Los terrenos se tasaron en 4,6 millones y las reservas de aprovechamiento en otros 5 millones. La expropiación subió, por tanto, a casi diez millones de euros. El pago se hacía parte en metálico y parte en parcelas. Hay un litigio pendiente por 926.000 euros de parcelas que el consistorio no ha entregado todavía. La actual sentencia se refiere a los cinco millones del aprovechamiento, que con los intereses de demora suben ya a seis.
El ayuntamiento no se negó a abonar ese dinero. Pero sostuvo que esperaría a que estuviera aprobado el nuevo plan general. Este pago pendiente incluía parcelas del plan parcial Marquesa VI, en el Montgó.
El juez deja claro que el convenio hay que cumplirlo. Y precisa que los afectados tienen también derecho a que el ayuntamiento los indemnice con los intereses de demora.
