El vídeo va de móvil en móvil en Calp. La familia Trives, que ha explotado desde 1976 el restaurante de Puerto Blanco, así como el club de buceo y la tienda de náutica, grabó su salida a la fuerza de un edificio que ahora está precintado y hecho un asco. Antes de marcharse, los concesionarios llenaron las paredes de pintadas contra la Generalitat Valenciana, que el pasado lunes ya les cortó la luz y el agua. El vídeo tiene incluso un punto dramático. Los agentes de la Guardia Civil emplazan a la familia y a los trabajadores a irse y éstos lo hacen a regañadientes e indignados por el desahucio. Llevan camisetas con una leyenda que recuerda que son «propietarios» del negocio desde hace 38 años.

En realidad, este desahucio administrativo estaba cantado. La familia ha pleiteado hasta el final con el Consell. Hace un año el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que los Trives presentaron contra el desahucio administrativo al que el TSJ ya había dado vía libre. La familia no ha podido acreditar en los tribunales el título de propiedad. La Generalitat, en cambio, sí ha logrado demostrar que este edificio ocupa el dominio público.

Además, estaba el antecedente del Consell Jurídic Consultiu que concluyó que ni los amarristas ni la familia que explotaba el restaurante podían esgrimir «derechos adquiridos» anteriores al 27 de octubre de 1983, que fue cuando la Generalitat Valenciana otorgó la concesión a la empresa VAPF. Todos los acuerdos previos de esta mercantil con los amarristas y con la familia Trives se fueron al limbo. La empresa construyó este puerto deportivo en 1976 pese a que el Ministerio de Obras Públicas le había denegado el permiso. Puerto Blanco empezó mal.

El Consell amagó varias veces con anular la concesión. Finalmente, declaró su caducidad en 2007. Los amarres los pasó a gestionar Acintur Bahía, que sacó sin permiso de sus propietarios varias embarcaciones al seco. Los líos no acababan. Además, los temporales destrozaron en dos ocasiones la escollera que protege la dársena.