Dénia traslada al Fiscal que pudo haber prevaricación en el derribo de un edificio histórico

El gobierno del PP en Dénia pidió ayer a la Fiscalía que investigue si en la desprotección del Bar Mediterráneo, un inmueble emblemático del despegue turístico de la ciudad y cuya fachada tenía un gran valor patrimonial, se han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y daño al patrimonio cultural. Los populares en seguida ventilaron la comisión de investigación que se creó ayer para tratar de aclarar por qué este edificio, situado en la calle Marqués de Campo, quedó reducido a escombros.

El portavoz del gobierno, Vicente Chelet, aseguró que, administrativamente, ya no había nada que rascar. Dijo que a la empresa que demolió el Bar Mediterráneo no se le pueden reclamar responsabilidades, dado que, cuando lo echó abajo, ya no estaba protegido. Pero Chelet sí consideró que la Fiscalía tiene de dónde tirar. Apuntó que los delitos pudieron cometerse al dejar sin protección 248 edificios históricos, entre ellos el desaparecido Bar Mediterráneo. Todas esas fichas desaparecieron del catálogo que, a hurtadillas, se aprobó en 2012.

En la comisión, no se descartó que este inmueble perdiera la protección por un error de transcripción. Pero el portavoz del PP intuye que hubo intención. Dijo que existen sospechas de que uno de los técnicos que participó en el proyecto de demolición podía saber que la piqueta podía arrasar con todo pues el Bar Mediterráneo ya no estaba catalogado. Apuntó que ese técnico había intervenido como asesor político en reuniones con el equipo redactor del PGOU, que fue el que elaboró también el inventario incompleto de 2012.

El portavoz popular no quiso ser más explícito. Pero el asesor al que se refiere lo era de Centre Unificat (CU), el partido con el que el PP gobernó hasta el pasado mes de septiembre. Ahora los populares deslizan que ese técnico que conocía información urbanística sensible pudo pasársela a la empresa que, sin miramiento, redujo a cascotes un edificio otrora catalogado.

También ayer se creo otra comisión. Esta investiga la desaparición de avales de obras de urbanización que han quedado a medio hacer o tienen deficiencias. Esta comisión sí volverá a reunirse. Chelet dijo que se abrirá expediente a los funcionarios que presuntamente dejaron que los avales caducaran y forzaron que el ayuntamiento los tuviera que devolver a las empresas. Dijo que el departamento de Obras, que hasta septiembre dirigía la portavoz de CU, Pepa Font, era «un desastre».