Piden al Fiscal que investigue si el patrimonio del alcalde de Ondara procede de manejos urbanísticos

Compromís aportó ayer al Fiscal documentación que demostraría que el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando, del PP, se habría beneficiado en los últimos años de operaciones urbanísticas supuestamente amañadas. «Sólo le hemos llevado los documentos en los que nosotros creemos que se ven indicios claros de delito. Aquí acaba nuestra labor. Ahora debe ser el Fiscal el que investigue», indicó ayer la portavoz de Compromís en el consistorio ondarenc, Pepa Gasquet. Este grupo plantea en su denuncia que el alcalde y diputado provincial del PP podría haber cometido delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prevaricación, incremento patrimonial no justificado y falsificación de documento público. Este último delito también se atribuye al concejal popular Javier Lozano. La denuncia insiste en que los dos habrían ocultado en su declaración de bienes de 2007 que habían adquirido el año anterior cada uno una vivienda unifamiliar en la urbanización El Pinaret, en Pedreguer.

La documentación recoge que desde 2006 Ferrando, pese a sólo percibir ingresos como cargo público (unos 4.000 euros mensuales de diputado y otros 1.800 de indemnizaciones del ayuntamiento), habría amasado un considerable patrimonio. En esos años, habría adquirido diez inmuebles y fincas. Destaca un chalé comprado, según la denuncia, por 300.000 euros.

Compromís, que ha aportado las escrituras de compraventa, advierte de que el alcalde ha ocultado ese incremento patrimonial en sus declaraciones de bienes. También habría comprado un apartamento con garaje y trastero, una parcela con una vivienda unifamiliar y tres locales comerciales y adquirido mediante escritura de donación otro bajo comercial y tres fincas.

La denuncia incide en que el alcalde ha participado, presuntamente, en manejos urbanísticos junto al expresidente del PP local y administrador de la mercantil BTB, Jaime García. Compromís cree que ambos podrían haber cometido los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Precisa que la inmobiliaria BTB compró en 2003 por 24.040 euros dos parcelas cuyo valor se disparó cuando el gobiernolocal del PP decidió que allí se instalara la ITV. Dos años después de comprarlas, la empresa las revendió por 693.000 euros (el valor se había multiplicado por 28) a la empresa Atecsa, la encargada de instalar el servicio de inspección de vehículos. La denuncia incide en que en el PAI El Xopar el gobierno local también maniobró para «no perjudicar los intereses de BTB».

Dieciséis afines «enchufados»

Compromís también ha dado al Fiscal información de los contratos «en fraude de ley» realizados en el ayuntamiento en la etapa de Ferrando. Habrían entrado a dedo cuatro integrantes de la lista del PP de 2007, otros tantos de la candidatura popular de 2011 y ocho familiares de concejales y afines.

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