Mejor que correteen los niños a que siga muerto de risa. El gobierno del Dénia, del PP, ha decidido darle un uso al solar de 4.000 metros cuadrados de la avenida Miguel Hernández que el ayuntamiento expropió en 2007 por diez millones de euros. El entonces gobierno del PSPV y Bloc se hizo con el terreno para que allí la conselleria de Sanidad y luego la concesionaria de la sanidad pública en la Marina Alta, Marina Salud, construyeran el nuevo centro de salud. Pero ese proyecto sanitario se fue al limbo.
Mientras tanto, la expropiación le ha salido al ayuntamiento por un ojo de la cara. Una reciente sentencia lo condenó a abonar 6 millones de euros que tenía pendientes de pagar. El solar está vallado y repleto de matorrales y ahora, en plena primavera, abundan las flores.
La junta de gobierno decidió ayer convertirlo en parque infantil. De momento, ha aprobado un gasto de 13.751 euros más IVA para construir una solera de hormigón. Luego se colocarán un suelo de caucho y columpios. «Los vecinos de la zona nos estaban pidiendo un parque infantil», sostuvo ayer el concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Vicente Chelet, que avanzó que este solar cambiará de calificación en el nuevo Plan Estructural, que está en exposición pública. Ahora es dotacional y pasará a suelo residencial. Chelet explicó que eso no significa que allí deje en el futuro de construirse un centro de salud. Pero subrayó que el suelo gana valor y, al incluirlo en el plan de la ronda perimetral, permite al ayuntamiento obtener más metros públicos. Tampoco descartó que «si llega una buena oferta» el consistorio lo pueda vender para que allí un promotor levante una finca.
El edil de Urbanismo asintió cuando se le preguntó si el nuevo parque infantil será el más caro de la historia. A continuación, arremetió contra el PSPV. Recordó que el convenio para la expropiación lo firmó, poco antes de las elecciones de 2007, la entonces alcaldesa socialista, Paqui Viciano. El ayuntamiento pagaba con solares 1,2 millones y el resto, hasta casi diez millones, en dinero contante y sonante. «La expropiación se hizo técnicamente mal», sostuvo. Luego llegó la moción de censura y Ana Kringe, del PP, se convirtió en alcaldesa. El nuevo gobierno intentó anular la operación, porque «era una barbaridad», dijo Chelet. Pero hace unos meses llegó una sentencia que condenaba al ayuntamiento a abonar los 6 millones que quedaban por pagar. El edil avanzó que hay «un principio de acuerdo» con los propietarios para repartir en varios años ese millonario importe.
