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Los propietarios que pleitearon contra una finca ilegal de lujo de Xàbia exigen su demolición

Acusan al consistorio de alargar el proceso pese a que existe un fallo firme de 2010 - El ayuntamiento traslada al juez una alternativa para evitar la piqueta

Los propietarios que pleitearon contra una finca ilegal de lujo de Xàbia exigen su demolición

Al Ayuntamiento de Xàbia le espanta la piqueta. Demoler es admitir que ha fracasado la disciplina urbanística. Pero esa política de salvar a toda costa construcciones que han quedado fuera de ordenación (afortunadamente pocas) no contenta a todos. Propietarios de apartamentos del edificio Residencial Golden Gate, del litoral del Segon Muntanyar, están que trinan. En noviembre de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en sentencia firme, les dio la razón en el pleito que presentaron cuando les plantaron delante una finca que les hurtó la vista del mar. El fallo incidía en que la promotora Quality Jávea, S. L., se había pasado de edificación. El 42 % de ese edificio de 16 apartamentos de lujo era ilegal. Los demandantes no veían más opción que la piqueta.

Pero el ayuntamiento tenía que salvar la cara. Había concedido la licencia y, en lugar de cobrarse con suelo dotacional el excedente de aprovechamiento urbanístico, aceptó que la promotora se lo pagara en dinero contante y sonante. El consistorio ingresó 130.761 euros. Pero el juez estimó que esa fórmula no era conforme a derecho y que había que demoler ese exceso de construcción.

Los demandantes se han cansado de esperar. Ayer manifestaron a este diario que el consistorio, ahora gobernado por el PSPV, no hace más que dar largas y presentar recursos para alargar un proceso judicial que, afirman, ya no tiene vuelta atrás. Califican de «temerario» que el ayuntamiento busque resquicios para legalizar la finca de lujo. «No es posible intentar legalizar aquello que ha sido declarado nulo en sentencia firme», sostienen, y subrayan que el juez ha dictaminado que se restaure la legalidad urbanística «lo que aboca a la demolición».

El juez le dio en enero de 2015 un año al ayuntamiento para que arreglara el desaguisado. La solución es que busque unos terrenos dotacionales que se pueda ceder a sí mismo. Planteó unos en la Granadella, pero el magistrado no los aceptó (eran montaña y el Muntanyar es primera línea litoral). Fuentes municipales indicaron ayer que se ha trasladado al juez otra propuesta y que se está a la espera de que conteste.

Pero los demandantes no conciben más solución que la de tirar el exceso de construcción. El derribo le costaría al consistorio una millonada.

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