La pieza separada de Calp del caso Brugal, abierta para esclarecer el pago de 600.000 euros en sobornos por parte del empresario Ángel Fenoll al exalcalde del PP, Javier Morató, y a dos de sus ediles, así como el fraude en el pesaje de la basura (el ayuntamiento pagó de más 4,2 millones), ya va camino de la Audiencia de Alicante.
El Fiscal ha remitido el escrito de acusación al juez de Dénia, que ha decretado la apertura de juicio oral. El Fiscal pide para Morató y el exedil popular Fernando Penella diez años de prisión (cinco por un delito de cohecho continuado y otros tantos por malversación). Además, les reclama a cada uno una multa de 400.000 euros.
Mientras, el exconcejal, Juan Roselló, que también fue diputado del PP, se enfrenta a una posible pena de 14 años de cárcel, ya que, además de cohecho continuado y malversación, se le acusa de blanqueo de capitales. La multa, en su caso, subiría a 700.000 euros.
El Fiscal también considera que los tres, que ya están apartados de la política (Morató a la fuerza ya que se le inhabilitó por un delito contra la Hacienda Pública), pudieron cometer prevaricación, delito por el que pide una pena de 9 años de inhabilitación.
Para el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, considerado el intermediario que negoció los sobornos, el Fiscal solicita 5 años de prisión y una multa de 80.000 euros. Y para el técnico municipal Juan Cervantes, que supuestamente hizo la vista gorda en los pesajes, solicita 9 años, cuatro por cohecho y cinco por malversación.
Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, salen un poco mejor parados. El Fiscal les reclama 22 meses de prisión por un delito continuado de cohecho y que abonen cada uno cien mil euros de multa.
Mientras, la esposa de Juan Roselló, Amparo Femenía, se enfrenta a dos años de prisión y a una multa de 300.000 euros.
El Fiscal propone la absolución del también exedil popular José Perles. Se llama igual que el presidente del Calpe Fútbol Club, al que se aludía en las grabaciones intervenidas a Fenoll. El equipo se habría beneficiado de los sobornos al recibir de Colsur 120.202 euros.
El Fiscal plantea que todos los acusados, excepto la mujer de Roselló, indemnicen al ayuntamiento con los 4,2 millones al que supuestamente subió el fraude. Sitúa a la empresa Colsur, ahora Sirem, S. L., y de la que es propietaria Ángel Fenoll, como responsable civil subsidiario.
El Fiscal, en el escrito de acusación, hace memoria del supuesto fraude. Recuerda que en 1998 el entonces alcalde, Javier Morató, firmó un contrato por 25 años con la empresa Colsur, que debía encargarse del tratamiento de la basura en una planta que construyó en la falda de la Serra d´Oltà de Calp. Indica que antes de ese contrato los tres principales acusados contactaron con Fenoll a través de Artacho y negociaron supuestos sobornos. El dinero se sacaría de sobrefacturar la basura al ayuntamiento. En la planta de Colsur, se inflarían los pesajes. Mediante este método, presuntamente se sisaron al ayuntamiento entre 1999 y 2012 4,2 millones de euros. El Fiscal advierte de que el fraude pudo subir a casi 12 millones, pero el ayuntamiento, en 2012, al detectar que la báscula llevaba tiempo sin funcionar (además, carecía de precinto), dejó de abonar 7,6 millones. En el escrito de acusación, se repasa el incremento patrimonial de Roselló y su esposa (compraron 17 fincas) durante los años de la presunta estafa.
