La corrupción saquea vidas. A Nicolás Agudo, de 63 años, lo atropelló en 2005 el caso Aguas de Calpe. No ha vuelto a levantar cabeza. Su empresa, Exca-Gata, era el último eslabón de la cadena de una trama de subcontratas. Esta mercantil hizo unas obras que antes habían pasado por muchas manos. El pleno de Calp las adjudicó el 17 de marzo de 2004 (entonces gobernaba el PP con mayoría absoluta y era alcalde Javier Morató) por 5,2 millones a la empresa mixta Aguas de Calp, que subcontrató a la firma de pomposo nombre Obras Hidráulicas de Levante (OHL), de Francisco Artacho, cuñado del entonces edil de Aguas y diputado provincial, Juan Roselló. OHL se había dedicado al buzoneo. Su experiencia en renovar tuberías de agua era cero. Pero le adjudicaron el proyecto sin concurso. Subcontrató a Montuvo Obra Civil, que, a su vez, acudió a Exca-Gata, que sí se metió en faena. Hizo las obras y no vio un duro. Cuando Nicolás Agudo acudió al banco a cobrar los pagarés, no había fondos.

La trama del agua, en la que los otros estafados fueron los vecinos de Calp, que pagaron vía tarifas el más de un millón de euros del presunto fraude, dejó a Agudo una deuda de 245.233 euros. Le arruinó. Perdió la empresa, todos sus bienes y también la salud. Agudo se está quedando ciego.

«No van a poder conmigo», aseguró ayer Agudo, quien ahora ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial. La causa se inició en 2005 y sigue en la fase de instrucción. Están imputados por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociación prohibida a funcionarios Roselló, su cuñado, dos cargos de Aguas de Calpe y el administrador de OHL, Jesús Lara Santamaría.

La lentitud de la justicia exaspera a este empresario ya jubilado a la fuerza (le han reconocido una incapacidad por la pérdida de vista y la depresión y ataques de ansiedad que sufre). En la queja que ha enviado al Poder Judicial, reclama que inspeccione las diligencias abiertas por el juzgado número 1 de Dénia y dé «impulso» a una instrucción que comenzó hace más de once años y que, desde hace tiempo, parece bloqueada.

Este órgano judicial le contestó el pasado 16 de enero. Ha instado al juzgado de Dénia a que le informe sobre el caso y le explique por qué no avanza.

En su queja, el empresario, que tuvo que despedir a sus 14 empleados cuando la trama le enganchó con los 245.233 euros, repasa con pelos y señales su calvario. Recibió pagarés sin fondos. Pero tuvo que pagar el IVA de las facturas. Luego hipotecó sus bienes para hacer frente a las nóminas de los trabajadores, la seguridad social, el combustible o los materiales de las obras de la nueva red de agua.

El fraude, asevera, lo ha llevado «a la más absoluta ruina, tanto personal como de su familia». Aporta los informes médicos de «los continuos ataques de ansiedad y depresión» que ha sufrido. También ha acudido al Defensor del Pueblo. Al Consejo General del Poder Judicial le recuerda que la instrucción de las causas no debe prolongarse en los casos más complejos más de 18 meses. Él lleva once años esperando que se haga justicia.