La variante que Benissa exige desde hace más de 20 años llega con rebajas. En 2006, cuando el proyecto parecía encarrilado, el Ministerio de Fomento pagó las expropiaciones a 13,75 euros el metro cuadrado. Ahora, prevé abonar menos de la mitad. De hecho, ayer, al dar los afectados (un centenar) su conformidad con la ocupación de los terrenos, el ministerio les adelantó 5,75 euros por el m2. Son ocho euros menos. Los propietarios y sus abogados indicaron que, aunque la cantidad abonada ayer es «un depósito previo», Fomento ya no se estirará mucho más. Pero los afectados recurrirán y, al final, el Jurado Provincial de Expropiaciones establecerá un justiprecio. Así ocurrió también en 2006, pero entonces el ministerio fue menos cicatero. De entrada, ya daba siete euros.

En cualquier caso, el trámite de ayer, que tuvo lugar en el Taller d´Ivars, ya revela que, tras colocar el pasado mes de julio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, la primera piedra de la variante, la cosa va en serio. Las obras suben a 21 millones. La empresa adjudicataria OHL debe acabarlas en 32 meses.

El proyecto de 2006 se fue al traste ya que la adjudicataria, Begas Construcciones y Contratas, entró en concurso de acreedores en 2009 y dejó la obra empantanada. El trazado de la variante que ahora se construirá ha cambiado hasta el punto de que el ministerio debe expropiar 145 nuevos terrenos.

A la mayoría de los propietarios (muchos de ellos son jubilados) ya se les expropió y pagó entonces y ahora están en la mismas. A Juan Crespo, la variante le parte su propiedad y le queda a un lado la casa con la variante que le pasa a linde y al otro un rodal de tierra que ya no le sirve para nada.

La familia Ausina lleva con esta cuatro expropiaciones en pocos años, las del gasoducto (les tocó en Teulada y Benissa) y las de la variante.

El desvío que evitará que miles de coches atraviesen cada día el centro urbano de Benissa se traga sobre todo terrenos agrícolas donde hay viñas y almendros.

«Hace once años me expropiaron 3.800 metros cuadrados y ahora me cogen otros 1.700», explicó José Ivars.

El abogado Vicent Cabrera, que representa a la mayoría de los afectados, advirtió ayer de que la obra se tendrá que planificar muy bien. «Se debería articular un protocolo y que el ministerio y el ayuntamiento tuvieran muy claro qué va a pasar», dijo. Los trabajos son de enorme envergadura. Se cortarán caminos y accesos a bancales y viviendas rurales. «Se van a generar daños colaterales que deberían estar previstos», insistió Cabrera.