El Ayuntamiento de Dénia ya gana pleitos urbanísticos. Y más que eso. Borra del imaginario colectivo el miedo a que la nueva política urbanística, plasmada en un Plan Estructural cuya exposición pública acabó el pasado 28 de diciembre y que protege todo el suelo agrícola del Pla, lleve a la ruina al consistorio. Entidades como el Cercle Empresarial pronosticaron una cascada de indemnizaciones. Ahora el gobierno local (PSPV y Compromís) puede agarrarse a un precedente judicial que desmonta que desclasificar suelo aboque a pagar una millonada en demandas de responsabilidad patrimonial.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en una sentencia del pasado 27 de diciembre, rechazó la indemnización de 32 millones de euros que la mercantil Desarrollo de Activos Inmobiliarios SAU exigía al consistorio y al Consell por preservar el Bosc de Diana, un paraje que en el nuevo Plan Estructural es clave para crear un anillo verde que abrace el núcleo urbano.

La empresa sostenía que el plan general transitorio de 2005 mantenía estos terrenos como urbanos. Afirmaba que todos sus derechos urbanísticos se fueron al garete cuando la Generalitat, tras anular el Supremo en 2012 el citado plan transitorio, aprobó un nuevo régimen urbanístico también transitorio. Ese otro planeamiento, que estuvo vigente entre 2013 y el pasado verano (el Supremo también lo tumbó), ya clasificaba el Bosc de Diana como suelo rural. Estos terrenos atesoran valores paisajísticos (permiten la visión del Montgó) y son fundamentales para crear junto al casco urbano nuevas zonas verdes y parques.

La mercantil, además de exigir 32 millones, pedía al ayuntamiento que le devolviera un terreno de 10.373 metros cuadrados que le había cedido para una zona verde y que demoliera el pabellón deportivo de Joan Fuster. Sus pretensiones eran dramáticas para el ayuntamiento. La indemnización se la pedía al consistorio y al Consell. Dénia no puede permitirse más fiascos urbanísticos. Y el nuevo Plan Estructural, que rescata y protege el suelo agrícola y que incluye el Bosc de Diana en un gran anillo verde, hubiera quedado muy tocado.

La sentencia del TSJ avala la nueva política urbanística de PSPV y Compromís (Podemos también la respalda). Advierte de que la mercantil no había consolidado el derecho a edificar esos terrenos. Llegó a presentar un programa urbanístico, pero tenía graves deficiencias y el ayuntamiento no lo aprobó. El suelo era en el plan transitorio urbano residencial, pero estaba condicionado a programarse. La sentencia precisa que la mercantil no llegó a hacer frente a los «gastos inherentes al proceso de urbanización» y, por tanto, no tiene derecho a percibir una indemnización que elevaba a 32 millones de euros.

El TSJ sí admite que el consistorio metió la pata al levantar el pabellón deportivo en un suelo dotacional educativo. Pero esa calificación dejó de estar vigente cuando el Supremo anuló el plan transitorio de 2005. El pabellón se ha salvado, de rebote, de la piqueta.