El Ayuntamiento de Xàbia ha abierto dos expedientes de infracción urbanística a los herederos de Mariano Navarro Rubio, quien fue ministro de Hacienda durante la dictadura de Franco. Navarro Rubio se construyó en los años 60 un chalé en la playa de piedra tosca de la Punta de l´Arenal de Xàbia. La finca de San Rafael, de 6.680 metros cuadrados, está en dominio público marítimo terrestre y esconde un yacimiento arqueológico de época romana. Ahora los descendientes del ministro (lo fue entre 1957 y 1965 y luego ocupó el cargo de Gobernador del Banco de España) han llevado a cabo obras sin licencia. La inspección municipal las ha detectado y el consistorio ha incoado dos expedientes.
El último es por demoler un antiguo atraque que había en la bocana del canal de la Fontana y construir sin permiso un nuevo embarcadero e instalar una escalera de hierro que lleva hasta la finca de San Rafael. El ayuntamiento le dio dos meses a la familia para que, previa autorización de la dirección general de Costas (depende del Ministerio de Medio Ambiente), solicitara la licencia municipal. Uno de los hijos de Mariano Navarro Rubio presentó alegaciones al expediente de infracción urbanística. Lo calificó de «improcedente» y sostuvo que ellos no eran los promotores de esa obra, sino el puerto deportivo del canal de la Fontana. También afirmó que ni la plataforma de hormigón del embarcadero, situada justo debajo del mirador del jardín del Parador de Turismo de Xàbia, ni la escalera estaban dentro de la privilegiada franja costera que en 1959 compró su padre al ayuntamiento por 10.000 pesetas.
Las fuentes municipales consultadas precisaron, no obstante, que el embarcadero da uso al chalé que construyó el cargo franquista. La escalera conduce hasta una puerta también de metal por la que se accede a la finca sobre la que los descendientes de Mariano Navarro Rubio mantienen una concesión administrativa renovada en 2014 por el Gobierno de Rajoy por 75 años.
El otro expediente se inició en marzo de 2017. Los inspectores municipales advirtieron de que el nuevo cerramiento sur había mordido más terreno público. Precisaron que la familia Navarro Rubio había creado una solera de hormigón que salía fuera de la parcela de la concesión. El informe también apuntaba que los nuevos pilares de hormigón se habían construido sobre el yacimiento arqueológico. El ayuntamiento pidió a los promotores que suspendieran las obras e iniciarán los trámites para legalizarlas «si era posible».
El dictamen de Costas fue contundente. Se negó a autorizar ese cerramiento. Puntualizó que no podía dar su visto bueno dado que existía «un desajuste» entre la superficie del dominio público marítimo-terrestre otorgada en concesión y la ocupada por la finca. Instó a «esclarecer» si la familia se había apropiado de más terreno público.
Los herederos de Navarro Rubio no se conforman, de hecho, con los 6.680 m2 que tienen en concesión en este enclave excepcional del litoral valenciano. Uno de los hijos inició en noviembre ante notario un expediente para inscribirse en el Registro de la Propiedad mil metros más.
