La culpa fue del cha cha cha. La comisión de investigación que debía aclarar por qué el Ayuntamiento de Dénia ha tenido que pagar una condena de 12 millones de euros tras perder un pleito que podía haber ganado de calle se ha cerrado con la conclusión de que la gestión urbanística (en este caso, de las reservas de aprovechamiento) ha sido históricamente un desastre en la ciudad. Es algo que, por otra parte, saben todos los vecinos sin necesidad de estrujarse mucho la sesera.
La sentencia fue la de la finca de la Baronesa. Los propietarios, la familia Alberola, le ganó al ayuntamiento el juicio. El Supremo desestimó el último recurso del ayuntamiento y le abocó a indemnizar a los dueños con 10 millones de euros (con las costas e intereses ha subido a 12 millones). El fallo dejaba en muy mal al consistorio, ya que subrayaba que «tenía fácil acreditar la realidad del agotamiento del aprovechamiento» urbanístico. Es decir, que tenía los instrumentos para demostrar que no debía pagar ni un euro por la expropiación del suelo para un vial.
La actual corporación, gobernada por PSPV y Compromís, decidió crear una comisión de investigación. La ha presidido Alex Rodenkirchen. Ayer, acompañado de los integrantes del PSPV, Compromís, GD-CU y PP (faltaba el portavoz de Ciudadanos), presentó las conclusiones. No hay responsables. La dejadez durante «un prolongado lapso temporal» para gestionar el aprovechamiento y poner al día los valores (el ayuntamiento tiene vigentes los de 2005, cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo) han condenado al consistorio.
Rodenkirchen recalcó que urge poner claridad en la gestión urbanística para salvar la incertidumbre en estos pleitos que asfixian al ayuntamiento.
