El juicio ya está al caer. La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado, en un auto del pasado 4 de junio, el último recurso contra la apertura de procedimiento abreviado por la falsificación de pagos de obras municipales en el Poble Nou de Benitatxell. Lo presentó la empresa Obras y Excavaciones Bolufer Llobell, S. L., cuyo administrador está imputado en esta causa junto a la concejala ahora independiente Nieves García, quien era primera teniente de alcalde y militaba en el PP cuando entre 2009 y 2011 supuestamente falsificó la firma del secretario municipal, Jesús Ángel Castro Revorio, en endosos bancarios, pagos y aplazamientos que subían a medio millón de euros. Algunas de aquellas obras que se pagaban a cuenta con endosos no estaban ni adjudicadas. Todas se las llevó la misma mercantil, la citada Obras y Excavaciones Bolufer Llobell, S. L.

El juez de Dénia que ha instruido las diligencias decretó el pasado 31 de agosto la apertura del procedimiento abreviado. La concejala y el empresario, imputados por falsedad documental y estafa, recurrieron el auto. El juez desestimó el recurso el pasado 31 de agosto. La edil ya desistió. Pero el constructor sí apeló a la Audiencia de Alicante. Alegó que los indicios contra él y «la otra coinvestigada» eran «insuficientes». Y sostuvo que la falsedad finalmente fue «inocua» para el ayuntamiento, que al descubrir el supuesto fraude, paralizó los pagos. También planteó que «no existe autor identificado» de la falsificación de la firma del secretario. Este funcionario se ha convertido, precisamente por las represalias que pudiera sufrir por este caso, en el primer testigo protegido por la Agencia Valenciana contra la Corrupción.

Las pruebas caligráficas no concluyeron que la concejala hubiera garabateado la rúbrica del funcionario. Pero el juez, en la instrucción, sí consideró acreditado que existía un delito evidente de falsedad documental.

La Audiencia advierte al apelante de que «carece de legitimidad» para pedir el sobreseimiento respecto a la concejala Nieves García. Y rechaza que la falsificación fuera «inocua» para el consistorio. Los documentos amañados, precisa el auto, «incorporaban en algunos casos obligaciones financieras con cargo al ayuntamiento, lo cual supone un riesgo económico para las arcas públicas».

La Audiencia incide en que, aunque no se ha podido identificar al autor de la falsificación, sí existe el «poderoso indicio» de que el empresario se benefició y obtuvo financiación con el descuento bancario.