Jorge Rodríguez y su equipo resisten. Dieciocho horas después de salir del calabozo, el presidente de la Diputación de València se daba un baño de multitudes al volver a entrar en el Ayuntamiento de Ontinyent. El primero del día en el municipio donde gobierna con una mayoría absoluta aplastante. Por la tarde hubo otra movilización para acompañarlo en un acto de la plaza de Santo Domingo. Su jefe de gabinete, Ricard Gallego, ya avanzaba la voluntad de resistir poco después de ser puesto también en libertad: «Toca volver a levantarse con más fuerza, porque los enemigos del proyecto de Jorge Rodríguez son muy poderosos y nos quieren echar, pero nosotros somos más de los que dicen y quieren».
Así que Rodríguez, al menos de momento, se queda y desoye las peticiones de la dirección de su partido, el PSPV, de que dimita. El alcalde de Ontinyent estaba ayer decidido a continuar con esta responsabilidad bajo el argumento de que la investigación en la que está implicado se circunscribe a Divalterra, la empresa de la Diputación de València, y nada tiene que ver con la gestión en su municipio.
Rodríguez está investigado junto con tres colaboradores cercanos y los dos cogerentes de la citada firma por los presuntos delitos de malversación y prevaricación por una decena de contratos de alta dirección repartidos a dedo entre militantes de PSPV y Compromís, los socios principales de la coalición de gobierno en la corporación provincial.
Rodríguez, uno de los principales valores de futuro de los socialistas valencianos hasta el pasado miércoles, día de la Operación Alquería, tampoco cede de momento el mando en la diputación, a pesar de la petición de dimisión de su partido. Tampoco manifiestan en su entorno una voluntad decidida de aferrarse al cargo por encima de quien sea. Por ahora, prefiere darse un margen de tiempo para reflexionar y dialogar con otros dirigentes políticos antes de adoptar una determinación.
Su equipo utiliza como argumento la reacción ciudadana, las palabras de ayer del presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig (subrayó la «honradez» y «honestidad» de Rodríguez), y las del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, también socialista, que cuestionó la «anticipación de la pena» por la espectacularidad de la operación desplegada, con detenciones y registros domiciliarios.
Mientras tanto, la dirección del PSPV observa con atención y cautela los movimientos de Rodríguez y su equipo tras salir de las dependencias policiales. Ferraz ha ratificado la suspensión de militancia de Rodríguez, Gallego y Xavier Simón (cogerente de Divalterra). Por otra parte, Puig insistía ayer en la propuesta de que el vicepresidente de la diputación Toni Gaspar pase a presidirla.
Blanqueries deslizaba además que los ciudadanos sí han elegido al alcalde de Ontinyent, pero Rodríguez es presidente de la corporación provincial porque lo designó el partido. Una manera de enseñarle la puerta de salida.
Está por ver la posición que adopta Ferraz en ambos casos. Tras la suspensión de militancia podría declarar que no representa a la formación como alcalde o puede dejar el tiempo correr a la espera de la evolución de la investigación.
De momento, algunos focos socialistas controlados por Rodríguez salieron ayer en su defensa. La agrupación comarcal de la Vall d'Albaida lo hizo. También la de la Ribera Baixa calificó de «inadmisible» y «totalmente desorbitada» la operación sobre Rodríguez y el resto de investigados. Gestos suficientes para deducir que no parece dispuesto a dejarse tumbar por la operación Alquería y que aún puede dar guerra.
