El Ministerio de Justicia ha dado la razón al registrador de la propiedad de Xàbia que se negó a inscribir 1.005 metros cuadrados de playa a favor de los descendientes del Mariano Navarro Rubio, quien fue ministro de Economía entre 1957 y 1965, en plena dictadura franquista. Uno de sus hijos, Rafael Navarro Rubio Serres, intentó primero que el registrador aumentara la superficie de la finca, de 6.680 m2 y que está íntegramente en el dominio público marítimo-terrestre (en playa de piedra tosca de la Punta de l'Arenal). Sostuvo que el Catastro elevaba su extensión a 7.685 m2. Y atribuyó a un error que no figurara esa "extensión real". Acudió al registrador, luego al notario y, ante las negativas, inició el procedimiento ante la dirección general de los Registros y del Notariado, que depende del Ministerio de Justicia y que ahora ha rechazado que la familia de Navarro Rubio pellizcase más metros de playa.

Esta dirección general sostiene que la postura de Costas, es decir del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido de "oposición clara y frontal" a que los descendientes del ministro se inscriban esos 1.005 m2 de más. Defendió el carácter "inalienable e imprescriptible" del dominio público. Y dio por buenas las reticencias que desde el principio mostró el registrador de Xàbia, quien ya advirtió de que atribuir esos metros a los reclamantes podía suponer "una invasión del dominio público".

Ahora a los descendientes de Navarro Rubio les queda la vía de acudir al juzgado de lo civil.

Mariano Navarro Rubio compró en 1959, cuando era el todopoderoso ministro de Hacienda de la dictadura, la playa de tosca de la Punta de l'Arenal. El Ayuntamiento de Xàbia se la vendió por 10.000 pesetas. El ministro se construyó un chalé de lujo sobre un yacimiento de época romana. Logró en 1981, ya en democracia, que el ministro de Obras Públicas legalizara las obras del chalé y le concediera su "utilización gratuita y permanente". Luego la Ley de Costas puso fecha de caducidad a esa apropiación, que pasaba a ser concesión. Ya estaría a punto de acabar. Pero el gobierno de Mariano Rajoy, al modificar en 2016 el reglamento de la Ley de Costas, prorrogó la concesión 60 años.