El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Alicante ha ordenado al Ayuntamiento de Teulada-Moraira que en el «improrrogable plazo de quince días» le comunique si ha cumplido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que, ratificada ahora por el Supremo, obliga a cerrar un supermercado construido en una parcela atravesada de un extremo a otro por un barranco. El aparcamiento, de hecho, está partido por la mitad por la rambla.
El consistorio debe apresurarse. El auto del juzgado de Alicante tiene fecha del 5 de febrero. La clausura se presume, por tanto, inminente. El negocio está en la turística carretera de Moraira a Calp, en uno de los polos comerciales más boyantes de la Marina Alta.
El actual gobierno local, que tiene de alcalde al popular Carlos Linares, ha intentado reconducir este fiasco urbanístico que viene de cuando era munícipe José Císcar, actual presidente del PP en Alicante. Su gobierno dio en 2008 las licencias de obra, ambiental y de apertura. Los tribunales las han anulado todas. Y también tumbaron el Plan de Reforma Interior con el que el ayuntamiento intentó a posteriori legalizar el supermercado.
El terreno de 10.958 metros cuadrados donde se construyeron el aparcamiento y la nave comercial está atravesado de punta a punta por un barranco. La rambla es suelo no urbanizable de especial protección. Además, la parcela tenía la clasificación de residencial y no de comercial. Císcar firmó con la mercantil en 2004 un convenio por el que se comprometía a que el ayuntamiento cambiara el uso a comercial. Pero en el PGOU de 2005 siguió siendo residencial.
El convenio ya incluía una cláusula por la que la empresa renunciaba a pedir daños y perjuicios si el ayuntamiento rechazaba darle licencia. Pero el gobierno de Císcar le concedió todos los permisos. Y lo hizo pese a que el arquitecto municipal de Teulada advirtió de que la licencia de obras era «inviable».
Ahora no basta el cierre para corregir el enorme fiasco. El Supremo emitió el pasado 14 de enero una providencia en la que precisa que no admite el recurso presentado por la mercantil propietaria del supermercado contra otra sentencia del TSJCV que da vía libre a la demolición. Por tanto, agotada la vía del Alto Tribunal, este fallo deviene firme. El ayuntamiento intervino en ese litigio para intentar salvar el establecimiento de la piqueta.
No en vano es el consistorio y, en concreto el gobierno que presidió Císcar, quien dimitió de alcalde en 2009 para hacer carrera política en Alicante y València (fue vicepresidente del Consell con Alberto Fabra), el responsable de este tremendo embrollo urbanístico. La empresa obtuvo todas las licencias. Pero ahora tiene un supermercado fuera de ordenación y el cierre y la demolición parecen inesquivables.
La mercantil que denunció las irregularidades urbanísticas, que también se dedica al segmento de los supermercados (posee un establecimiento en la misma carretera), ya amagó hace cinco años con exigir al ayuntamiento 800.000 euros de indemnización por el lucro cesante. El negocio que es su directo competidor hace una década que funciona con licencias anuladas por sentencias que ya son firmes.
