«Me han arruinado y me han destrozado la vida. El daño que me han hecho es irreparable, pero voy a seguir luchando. Ya es una cuestión de dignidad». A Nicolás Agudo, que el próximo 6 de mayo cumplirá 65 años, no lo doblegan.
Han pasado ya 14 años desde que estalló el caso Aguas de Calpe, un fraude millonario en las obras de la red transversal del agua de Calp por el que están imputados, entre otros, el exconcejal del PP Juan Roselló (entonces era también diputado provincial) y su cuñado, Francisco Artacho.
El proyecto, en principio valorado en 5,2 millones (la Universidad obligó a rebajar ese desmesurado importe), lo adjudicó el pleno de Calp (entonces era alcalde el popular Javier Morató y Roselló ejercía de edil todopoderoso) a Aguas de Calpe, que subcontrató a la firma de pomposo nombre Obras Hidráulicas de Levante (OHL), que hasta entonces se había dedicado al buzoneo y que dirigía Artacho. OHL subcontrató a Montuvo Obra Civil. Y esta última firma acudió a Exca-Gata, la empresa de Nicolás Agudo, que fue la que hizo las obras. Pero no cobró ni un euro. A Agudo le dejaron a deber 245.233 euros. Le entregaron pagarés sin fondos. Además, el empresario tuvo que pagar 60.000 euros de IVA, así como jornales, seguridad social y seguros. «Fue espantoso. Me arruinaron», recuerda. «Tuve que liquidar la empresa y despedir a 14 trabajadores. He pasado muchas noches sin dormir y he perdido la salud y la vista». Agudo se jubiló anticipadamente por la incapacidad de la pérdida de visión.
«Por culpa de cuatro políticos ladrones y corruptos estoy en la ruina total», asegura.
El caso sigue en fase de instrucción tras 14 años. Agudo llegó a presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, que le contestó que pediría al juzgado número 1 de Dénia, que lleva las diligencias, que le diera «impulso» y saliera ya el juicio. «Pero los acusados presentan un recurso tras otro y están dilatando el proceso. Me siento desamparado y abandonado. Debe hacerse justicia», sostiene Agudo, quien desvela que vive con una pensión de 550 euros.
«Mientras -afirma-, los acusados se compraron hasta un barco cada con un dinero que era mio».
Este empresario empezó a trabajar a los 14 años. Ha cotizado durante 43 años y 7 meses. Ahora le fastidia escuchar a los gobernantes de Calp alardear de que esas obras de la red transversal han garantizado que los vecinos tengan agua. «Lo que se callan es que quien hizo los trabajos no ha cobrado ni un euro y está en la ruina», lamenta.
«Confío en la justicia. Han pasado 14 años y ya debería haberse celebrado el juicio. Los corruptos que se quedaron el dinero querían derrotarme, que me suicidara. Pero sigo aquí, arruinado y enfermo, pero sin rendirme. Pero sí que pido que se haga justicia ya; ha pasado demasiado tiempo y mi familia y yo hemos sufrido un daño irreparable», afima Agudo, quien admite que no entiende que tras 14 años ni siquiera esté terminada la instrucción.
Los otros estafados en esta trama, además del empresario que hizo las obras, fueron los vecinos de Calp. Pagaron vía tarifas más de un millón de euros del presunto fraude. El dinero desapareció por el camino.
Roselló, su cuñado Artacho, el gerente de OHL, Jesús Lara Santamaría, y dos cargos de Aguas de Calp están imputados por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociación prohibida a funcionarios públicos.
