El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomendado al Ayuntamiento de Dénia que revise la licencia de obras del complejo urbanístico de lujo "Las Olas", situado en primera línea de playa, para "determinar si fue "válidamente otorgada".

Así se expone en una resolución del Síndic de Gregues, con fecha 29 de abril, facilitada hoy por el colectivo de vecinos que se opone a este proyecto urbanístico.

Fuentes de este colectivo han afirmado en un comunicado que el Defensor del Pueblo de la Comunitat "había iniciado su investigación después de una queja de varios vecinos, que exponían que las administraciones implicadas ignoraban sus alegaciones respecto a los problemas ecológicos y legales de la nueva urbanización".

"Se trata de un bloque de viviendas de cinco alturas y 19 apartamentos que se está levantando en el tramo Blay Beach de Les Marines, una playa ya casi desaparecida por la erosión y la presión urbanística", han señalado.

Una playa, han advertido, que "debe ser regenerada al menos un par de veces al año con miles de toneladas de arena que sufragan todos los españoles".

Según las mismas fuentes, "el amplio rechazo vecinal" a dicha urbanización "se refleja también en el apoyo de una petición publica con el nombre 'SOS Dénia', que lleva ya más de 24.300 firmas".

En su resolución, sostiene el colectivo vecinal "el Síndic identifica un problema clave respecto a la legalidad de la licencia de obras: El hecho de que el permiso del día 28 de julio de 2017 se había concedido un mes después de la anulación del Régimen Urbanístico Transitorio de Dénia por el Tribunal Supremo", en virtud de una sentencia del 29 de junio de ese año.

"Y esto, por lo tanto, parece apoyar el argumento esgrimido por los vecinos de que, en el momento de la concesión de la licencia, no había ningún marco urbanístico en vigor en el que pudiera basarse este acto administrativo", aseguran las citadas fuentes.

Motivo por el cual, el Síndic "solicita ahora a la concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, una revisión de oficio del permiso "y que, a la vista de dicho procedimiento de revisión, adopte las medidas que correspondan legalmente para proceder a la protección de la legalidad urbanística que hubiera podido ser o estuviese siendo, en su caso, conculcada", dice el comunicado