Veinte años después de que se concedieran las primeras licencias ilegales y diez desde las detenciones de los implicados, entre ellos el exalcalde del PP José Mas, el exaparejador municipal Amador Signes y el constructor Miguel Muntaner (la juez los envió entonces a prisión), el caso de la gran estafa urbanística de Llíber está un poco más cerca de juzgarse. El juzgado de Dénia ya ha dictado, como avanzó Levante-EMV, la apertura de juicio oral. Pero, a continuación, llegaron los recursos en cascada de los 12 imputados, entre ellos todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, la que concedió los permisos fraudulentos, incluido el actual alcalde, José Juan Reus, del PP, quien era entonces primer teniente de alcalde.
El caso, además, sigue dando bandazos inesperados. La acusación particular la ejerció la asociación Abusos Urbanísticos Lliber No, que agrupó a los cientos de estafados. La trama vendió a residentes extranjeros, sobre todo británicos, el sueño de una jubilación en un precioso entorno natural mediterráneo. Pero los clientes compraron casas ilegales (se construyeron en suelo no urbanizable) que carecían de cédula de habitabilidad, de luz y de agua.
Esta asociación presentó hace más de dos años el escrito de acusación ante el juzgado número 2 de Dénia, el que inició la instrucción de la causa cuando todavía era juzgado mixto número 3. Ahora ese colectivo habría pedido que se retirara su escrito de acusación. Al parecer habría surtido efecto el mensaje que le está llegando desde el ayuntamiento de que las 292 casas construidas en suelo no urbanizable no se pueden legalizar mientras el caso esté judicializado. Los propietarios quieren acogerse cuanto antes a la vía que ha abierto la nueva Lotup, que permite legalizar 350.000 viviendas irregulares en toda la Comunitat Valenciana.
El escrito de acusación elevaba a 17, 1 millones la indemnización que los afectados pedían al exaparejador, a la entonces secretaria, al alcalde Mas Avellá y a los concejales entre 1999 y 2003. Además, pedía18 años de cárcel para Amador Signes por los delitos continuados de estafa agravada, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho activo y delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para el exalcalde José Mas, la acusación particular solicitaba dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Ese mismo delito se atribuía a todos los ediles, incluido el actual alcalde, para quienes se pedía un año y seis meses de prisión. Mientras, los promotores Benjamin y Peter Schmitd, Miguel Muntaner y Trevor Bourne se enfrentaban a diez años de prisión por estafa agravada y cohecho pasivo.
La apertura de juicio oral ha llegado en un momento delicadísimo para el PP. José Juan Reus lleva de número tres en el PP a César Sánchez, quien ha renunciado a volver a presentarse en Calp, pueblo del que es todavía alcalde. Sánchez ha elegido Llíber para intentar repetir como presidente de la Diputación.
