15 de mayo de 2019
15.05.2019

Compromís promete que las casas de la macroestafa de Llíber se legalizarán: "los afectados son víctimas y tendrán un trato específico"

El secretario autonómico de Vertebración de Territorio se reúne con los vecinos que sufrieron el fraude de las casas construidas en suelo rústico

15.05.2019 | 09:41
Compromís promete que las casas de la macroestafa de Llíber se legalizarán: "los afectados son víctimas y tendrán un trato específico"

Los afectados "son víctimas y no impulsores de la ilegalidad y hay que otorgarles un trato específico". El secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Lluís Ferrando, participó ayer en un acto de Compromís en Llíber al que asistieron los vecinos que hace casi 20 años se vieron atrapados en una macroestafa urbanística: compraron sin saberlos casas construidas en suelo no urbanizable (rústico) y que tenían (y tienen) luz y agua en precario.

Los propietarios todavía se temen lo peor, que la piqueta eche abajo sus casas. El secretario autonómico dejó ayer claro que ahora, con la Lotup, hay "herramientas para afrontar la situación desde la legalidad, pero sin falsas promesas, paso a paso".

"La justicia se encargará de juzgar a los presuntos corruptos y el Gobierno valenciano hará justicia con los afectados, ayudándlos en todo lo que sea posible, y lo hará gobierne quien gobierne en Llíber", dijo Ferrando.

Los responsables de Compromís incidieron en que será cuando se dicte sentencia (el auto de apertura de juicio oral ha llegado a los diez años de iniciarse la causa) que se podrán "desactivar" los problemas de las viviendas. Los valencianistas advirtieron de que algunos vecinos les han trasladado que el PP, cuyo alcalde y candidato, José Juan Reus, está imputado en este caso, está presionando a los afectados para que retiren la acusación particular.

La candidata de Compromís en Llíber, Andrea Kruithof, manifestó que "para juzgar a los responsables ya están los tribunales; la función de nuestra coalición es ahora aportar soluciones a las personas".

La apertura de juicio oral del caso de las 292 viviendas ilegales que se construyeron y vendieron entre 1999 y 2003 ha llegado cuando el PP de Llíber presumía que la campaña electoral sería una balsa de aceite. Incluso el actual alcalde de Calp, César Sánchez, vio la candidatura tan plácida que decidió ir de número tres para así intentar revalidar el cargo de presidente de la Diputación de Alicante.

Los principales acusados por esta causa son el exparejador municipal Amador Signes, varios promotores, entre ellos Miguel Muntaner, y el exalcalde del PP José Mas Avellá. Pero están también imputados todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, cuando el pleno validó las licencias ilegales. Era primer teniente de alcalde el actual munícipe, José Juan Reus, para el que la acusación particular pide un año y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación. El Fiscal mantiene la petición de ocho años de inhabilitación para el actual alcalde.

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