La Fiscalía pide penas que suman más de 40 años de prisión para los trece acusados de formar parte de una presunta trama urbanística en Llíber, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Entre ellos, se encuentran tanto promotores como representantes municipales y funcionarios de esta corporación. Les acusa de la construcción de 292 chalés ilegales entre los años 1999 y 2003. Un juzgado les ha impuesto una fianza de 18 millones de euros tras abrirles juicio oral por esta causa que se enjuiciará en la Audiencia Provincial de Alicante.
Se da la circunstancia de que el actual presidente de la Diputación, César Sánchez, va de tres en la lista del PP de Llíber para optar a la reelección de este cargo. Aunque él no tiene vinculación con los hechos, la acusación sí salpica al candidato popular y actual munícipe, José Juan Reus, para el que el Fiscal pide ocho años de inhabilitación
Entre los acusados, se encuentran el que fuera alcalde del municipio durante esos años, José Mas, del PP, y los entonces ediles José Juan Reus, Vicente Andrés Ivars, José Fullana y José Ordines. Aprobaron en el pleno las licencias fraudulentas. La acusación se dirige también contra cinco de los promotores de las viviendas (Miguel Muntaner, Trevor John Henry Bourne, Peter Antonius Schmidt, Benjamin Sebastian Schimdt y Hans George Fiedrich), así como contra el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes, y la secretaria municipal, Ana Signes.
El fiscal acusa a los promotores de haberse dedicado a la venta de parcelas y a la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico y, por tanto, no urbanizable. Sostiene que el arquitecto técnico colaboró con la trama autorizando trabajos de rehabilitación de almacenes agrícolas que ni siquiera existían. También acusa a la secretaria de prevaricación por no haber advertido de las ilegalidades.
A los promotores se les imputan delitos de estafa y contra la ordenación del territorio. A los responsables municipales, el Fiscal los inculpa por prevaricación.
También acusa al exalcalde y a uno de los promotores de un delito de cohecho. Para el exprimer edil reclama cuatro años y quince meses de cárcel.
Un juzgado de lo Penal de Benidorm en su día absolvió tanto a José Mas como al arquitecto del delito de prevaricación urbanística en la denuncia que presentó uno de los perjudicados y que se ha tramitó por separado. Por su parte, Muntaner ha sido juzgado por hechos similares en otros municipios vecinos y también ha sido absuelto en dichos procedimientos.
Cerca de 150 perjudicados están personados en este proceso a través de la Asociación Abusos Urbanísticos No de Llíber. Los representan los abogados Bernardo del Rosal y Mónica Mas. Son ciudadanos extranjeros, sobre todo británicos, que compraron una vivienda sobre plano y confiados en que todo era legal (así se lo aseguraron los promotores). La acusación particular reclama penas que suman más de 70 años para todos los acusados.
