La campaña electoral del Poble Nou de Benitatxell ha dado un giro macabro. La junta de gobierno del 13 de octubre de 2016, que presidía como alcalde Josep Femenia, de Red, y de la que formaba parte el edil Dirk Rheindorf, aprobó una factura de 791,21 euros de los gastos del funeral de un residente alemán, fallecido a los 55 años.
Femenia explicó ayer a Levante-EMV que no es extraordinario que el ayuntamiento pague el sepelio de un vecino sin recursos. Pero el fallecido no era un desarraigado. Los Servicios Sociales tampoco tenían constancia de que estuviera en situación de exclusión social.
El volante del padrón revela que este residente vivía con Hannelore Rheindorf, madre de Dirk, quien ahora va de dos en la candidatura de Red que lidera el exalcalde Josep Femenia.
Més Benitatxell, el partido del actual alcalde, Miquel Garcia, ha calificado de «inmoralidad que pone los pelos de punta» que la familia Rheindorf se desatendiera del difunto y rehusara, como consta en el expediente del departamento de Servicios Sociales, hacerse cargo de los gastos del funeral. El difunto era, según ha precisado este partido, pareja de la madre de Dirk Rheindorf.
El exalcalde indicó ayer que él no tiene constancia de que ese residente fuera el novio de Hannelore Rheindorf. Aseguró que ayer mismo revisó el expediente. «Es impecable. Todo está correcto», sostuvo.
El caso es que la funeraria, dado que nadie respondía por el difunto, trasladó al ayuntamiento la factura y le pidió que preparase un nicho.
Al actual gobierno, según relató ayer Más Benitatxell, le llamó la atención la factura de 791,21 euros y le preocupó que pudiera haber vecinos que estuvieran en la indigencia. Confirmó que el fallecido no tenía antecedentes de problemas de exclusión social. Sí detectó la estrecha relación de este residente, que se estableció en 2009 en el municipio, con la familia Rheindorf.
También halló el oficio del juzgado de Dénia fechado el 22 de septiembre de 2016 en el que pedía al ayuntamiento que al fallecido se le diera «un sepelio adecuado». Había muerto diez días antes y la familia con la que vivía se había desatendido por completo. El consistorio no investigó entonces si el finado disponía de patrimonio o si sus allegados podían costear el entierro.
