Los cuatro aspirantes han terminado la segunda prueba para entrar en la bolsa de trabajo de inspector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teulada-Moraira. El tribunal corrige el ejercicio. Es eliminatorio y se puntúa de 0 a 10. Una de las aspirantes ha logrado un 9. Pero el presidente del tribunal, Andrés Lluch, que es el técnico de Recursos Humanos del consistorio, se niega a puntuarlo. Afirma que «presuntamente no se ha guardado la cadena de custodia», es decir, que la prueba se ha filtrado. Este funcionario se retira del proceso selectivo. Los otros miembros del tribunal deciden trasladar el acta de ese día al alcalde, Carlos Linares, del PP, para que decida si se sigue adelante con el proceso selectivo.
Esto ocurrió en el Ayuntamiento de Teulada-Moraira el pasado 26 de abril. El munícipe emitió un decreto el pasado 21 de mayo para aclarar «si se han vulnerado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en el acceso a la función pública». Linares ha pedido un informe al presidente del tribunal sobre los «indicios» que le llevaron a sospechar de que el examen se había filtrado. También reclama a los otros miembros que precisen quién redactó el ejercicio y cuántas copias se hicieron y si estuvieron «bajo llave». Linares quiere, además, que el jefe del área de Nuevas Tecnologías rastree quién pudo acceder al archivo informático en el que se guardaba el examen.
La investigación está, por tanto, en marcha. El primer informe elaborado es el de Andrés Lluch, que aclara que le escamó «lo desproporcionado de algunos resultados». Interpeló a sus compañeros de tribunal sobre «cómo o por qué gente sin conocimientos previos de Medio Ambiente alcanza dichas notas». Y en el informe ya apunta otra sospecha: «la máxima nota la había obtenido un familiar del jefe inmediato del técnico de Medio Ambiente».
El citado técnico, que fue quien redactó el ejercicio, formaba parte del tribunal. El presidente, según indica en su informe, ya le preguntó sobre la supuesta filtración del examen. Y asegura que éste «reconoció públicamente» que el examen no era «ex novo», sino que era el mismo que ya se había utilizado en una anterior prueba para cubrir una plaza temporal.
Por tanto, el ejercicio, que era eliminatorio y que los aspirantes debían acabar en una hora, no era nuevo. Sin embargo, el tribunal sí estaba obligado a redactarlo «inmediatamente antes de iniciarse el proceso selectivo».
Andrés Lluch termina su informe aseverando que «no tiene más remedio» que ratificar «su postura inicial», que es la de sospechar que había aspirantes, en concreto, la familiar de un funcionario municipal, que conocían de antemano las materias que iban a salir en el examen.
