Cuentan con contratos de alquiler. Han pagado todas las mensualidades. Y tienen sus vidas en Ondara. Pero ahora les toca luchar para que no los tiren a la calle. Veinte familias descubrieron un jueves del pasado mes de febrero que la empresa BTB, con la que firmaron los contratos de arrendamiento y a la que han abonado todos los meses el alquiler, ya no era la propietaria de las viviendas de la finca de la calle Tossals. El banco se las había embargado. «¡Pero aquí vive gente!», exclamó ese día el mediador del banco cuando acudió al edificio.

«Volvimos a casa tras dejar a los niños en el colegio y nos encontramos al mediador. Nos comunicó que la finca estaba embargada y que el lunes se realizaba el lanzamiento. Nos dijo que nos teníamos que ir», rememoró ayer una de las inquilinas. El susto fue de aúpa. De hecho, los vecinos decidieron colocar en las puertas de los pisos carteles que advierten de que tienen contratos y que no los pueden echar así como así.

«Tenemos miedo de llegar un día y encontrarnos las cerraduras cambiadas y vernos en la calle», indica Mónica, quien firmó el contrato de alquiler con la BTB en 2009.

Otros inquilinos han suscrito luego contratos pelín más enrevesados. El que firmó una joven pareja el 1 de octubre de 2018 es de subarrendamiento con la mercantil Viajes Turisdenia, una filial de BTB (ambas tienen el mismo domicilio social). Unas familias abonan las mensualidades en las oficinas de la mercantil y otras tienen el pago domiciliado.

«Nos sentimos engañados y estafados por la empresa. Le hemos estado pagando religiosamente sin saber que las viviendas ya no eran suyas», precisa un inquilino que firmó un contrato de 5 años. Su esposa asiente y explica que se mudaron con sus dos hijos hace un año a Ondara. «Nos empadronamos aquí. Los niños están escolarizados. Y también trabajamos aquí. Se nos trunca la vida. No podemos quedarnos en la calle», advierte.

La juez de Dénia paralizó el primer lanzamiento. Pero estas familias ya estaban enfrascadas, sin comerlo ni beberlo, en un proceso judicial. El pasado 20 de mayo tuvo lugar la vista. Han aportado los contratos y los recibos de luz (el agua es todavía de obra) y apelaron al derecho constitucional a la vivienda. «Llegamos al juzgado y nos quedamos de piedra cuando nos dijeron que nosotros éramos los acusados; nos tratan como a 'okupas'», denuncia Mónica.

Los vecinos no sólo han pagado el alquiler todos los meses. También abonaban la comunidad a la empresa. Pero hace unas semanas les cortaron la luz de la escalera y del ascensor. También desembolsaron fianzas. Uno de los contratos facilitados a este diario indica que la fianza que pagó la arrendataria fue de 600 euros.

«Aquí todas las familias somos humildes y trabajadoras. Tenemos niños. No podemos vivir con esta incertidumbre», indica Mónica. Estos vecinos piden a la mercantil que les devuelva el dinero que presuntamente les ha estafado y que el nuevo propietario les deje quedarse con alquileres sociales o similares a los que están pagando.

Este diario contactó en la mañana de ayer con la BTB. Una trabajadora emplazó a llamar por la tarde, que estaba el responsable. Ya nadie descolgó el teléfono.