El pleno de Calp aprobó ayer por unanimidad suspender licencias en el litoral de la Manzanera, el de los emblemáticos edificios de Bofill, y en el Morelló, Ifac y la Fossa (el frente litoral urbano) y en el Saladar (la segunda línea y el entorno de les Salines). El gobierno local (PP y Ciudadanos) respiró. Los tres grupos de la oposición, PSPV, Compromís y Defendamos Calpe, apoyaron esa medida que tiene un propósito claro, salvar la última parcela virgen del litoral, que está en la Manzanera y abraza 9.000 metros cuadrados, y frenar las torres en primera línea. El concejal de Urbanismo, Juan Manuel del Pino, de Cs, avanzó que los próximos edificios ya no podrán rebasar las 15 alturas.

Todos los partidos van a una en este paso para repensar un modelo urbanístico ideado hace 30 años. «Era necesario parar», dijo la alcaldesa, Ana Sala. Del Pino fue muy concreto en los dos proyectos que más acuciaban al ayuntamiento. En la Manzanera, una promotora ya ultimaba pedir licencia para construir en ese último suelo virgen, y una empresa vinculada a un fondo de inversión británico ya había solicitado el permiso para levantar en un terreno de 6.00o m2 que está en el acceso al puerto (próximo a les Salines y al Penyal) un edificio de 30 alturas. El edil de Urbanismo dijo que esta última torre superaba en altura al hotel Suitopia, el actual techo de Calp.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, dejó claro lo que significaba ir todos a una en este parón urbanístico (la suspensión de licencias tiene una vigencia de un año prorrogable a un segundo). «Todos asumimos la misma responsabilidad», afirmó.

La alcaldesa admitió que una medida como ésta genera «cabreo y disgusto» entre los promotores, dado que, «de un plumazo, pierden sus expectativas». «Pero es un parón temporal y a muy corto plazo», aseguró.

Del Pino, de hecho, espera tener lista la propuesta que rebajará las alturas en primera línea para octubre o noviembre.

Ana Sala aseguró que la suspensión de licencias «no restringe los derechos ni vulnera la ley». Defendió que se sustenta en informes técnicos y jurídicos.

La oposición llevaba tiempo reclamando que se pusiera freno a la vorágine de levantar torres. Pero también advirtió que compensar a esos propietarios que ven desinfladas sus expectativas puede tener consecuencias.

«Esos derechos se tendrán que materializar en otros puntos. En Calp ya ha habido modificaciones puntuales que han permitido edificios enormes», dijo el socialista Santos Pastor.