El exalcalde de la Vall de Laguar, Francisco Gilabert, del PP, y los otros dos acusados del primer juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante por la conocida como trama de las asesorías, que dio lugar a 15 investigaciones judiciales por una presunta red corrupta que operó en la provincia de València, negaron ayer en la primera sesión del juicio haber cometido delito alguno. La trama consistía en adjudicar contratos a dedo a una asesoría vinculada a un alto funcionario de la Generalitat, exinterventor del Consorcio de Museos, sin tramitar expediente de contratación y por trabajos cuya realidad incluso se cuestionó. El exprimer edil de la Vall de Laguar negó haber amañado contratos y defendió la necesidad de los acuerdos laborales con la empresa Asesores Económicos Públicos, que, según la Fiscalía, estaba controlada por Rafael Parra, otro de los acusados enjuiciado ayer. Gilabert indicó que la contratación se llevó a cabo con el visto bueno de la corporación.

Mientras, Parra, un exfuncionario ya jubilado, insistió en que no conocía a fondo los sistemas de contratación de la administración. Precisó que él era «asesor económico, no jurídico». Admitió que no tenía pedida la compatibilidad para efectuar esos trabajos mientras era interventor en el Consorcio de Museos.

Este acusado dijo que había suscrito un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para asesorar a poblaciones pequeñas. Apuntó que el Ayuntamiento de la Vall de Laguar le llamó en 2009, ya que estaba sin contabilidad desde 2006 y necesitaba poner en claro las cuentas para acogerse al plan de pago a proveedores y lograr un crédito de 300.000 euros para pagar facturas. Reconoció que conocía a un hermano del entonces alcalde, pero no a Francisco Gilabert.

El acusado dijo que continuó trabajando con el consistorio hasta finales de 2011. Afirmó que no había secretario y le pedían que siguiera prestando asesoramiento contable. El fiscal anticorrupción Pablo Romero le preguntó si era necesario convocar un concurso para contratar estos servicios. «Eso le correspondía al ayuntamiento», contestó el acusado, que aseguró que no fraccionó facturas y que cada trabajo era «autónomo».

Las facturas bajo sospecha abonadas a la asesoría controlada por Parra son 29 por un importe que supera los 50.000 euros. La Fiscalía pide 6 años de prisión para Gilabert y Rafael Parra por los delitos de malversación y prevaricación administrativa, mientras que reclama tres años para el exinterventor municipal, Antonio Esturillo, al que considera cómplice de los otros dos acusados.