El pleno del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell ha instado a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana a que abra expediente disciplinario al secretario e interventor municipal por negarse "injustificadamente" a pagar facturas a proveedores y contratistas del ayuntamiento. El alcalde, Miguel Ángel García, de Més Benitatxell, sostuvo en el pleno que la negativa a abonar esas facturas causa "perjuicio a proveedores y contratistas que, además, podrían exigir intereses de demora y eventuales indemnizaciones".
El secretario estaba de baja cuando se tramitaron los expedientes de pago. Por tanto, no formuló reparos. La junta de gobierno celebrada el pasado 28 de octubre, al no existir ningún impedimento sobre las facturas, dio luz verde a que se abonaran. Pero al día siguiente el secretario rechazó hacer efectiva la orden de pago emitida por el alcalde. El 4 de noviembre presentó un "informe de reparos" en el que advertía de que estaba en contra de pagar las facturas. El pleno sostiene que ese informe es extemporáneo (está fuera de plazo). "Ni el secretario ni ningún otro funcionario pueden imponer su criterio por la fuerza" e "ignorando olímpicamente la ejecutividad de aquellos actos administrativos y órdenes que no sean de su agrado", indica el acuerdo de pleno.
El pleno también advirtió de que el expediente a este funcionario no vulnera la condición de "persona denunciante" que le otorgó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Este funcionario destapó el supuesto amaño de documentos municipales por parte de una concejala del PP y luego independiente que ya no forma parte de la corporación y a la que, precisamente, se juzgo la pasada semana en la Audiencia de Alicante.
El actual gobierno local considera que el secretario bloquea el normal funcionamiento del ayuntamiento desde que el pasado mes de agosto se reincorporó tras una baja médica. Y atribuye ese obstruccionismo "a un afán de revancha por las diligencias penales por delito de malversación que el Juzgado de Instrucción número Dos de Dénia ha abierto contra el funcionario" tras una denuncia presentada en la anterior legislatura por la entonces oposición, ahora gobierno municipal.
