Una nueva condena contraria a los intereses municipales ha llegado al Ayuntamiento de Xàbia. Y una vez más es en la zona de la Granadella.
El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso y ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial de Alicante que obliga al consistorio a iniciar un nuevo expediente de infracción urbanística por las obras realizadas en uno de los restaurantes de la Granadella, una zona considerada de especial protección.
En el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la máxima instancia judicial rechaza el recurso del Ayuntamiento y la propiedad por el mismo motivo, «no citar con claridad la concurrencia de algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento» del Supremo. Pero además, le impone las costas procesales y cada una de las dos partes deberán desembolsar un total de 2.000 euros.
Los hechos se remontan a 2020 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV revocó la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se estimaba ordenar al Ayuntamiento la conclusión del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística por unas obras realizadas en el local. Pero además, instaba reiniciar un expediente ya que la ilegalidad no prescribe.
Igualmente exigía al Consistorio ejercer sus competencias en materia de licencias de actividad «a fin de depurar las irregularidades detectadas en el informe de inspección».
Ante el Supremo, Vicente Ortolá Bas, que fuera concejal de Urbanismo entre el 99 y el 2003, defendió que los recursos no debían atenderse y era válido el auto del juez de la Audiencia Provincial.
Esta es la segunda ocasión en la que Ortolá consigue imponerse al Ayuntamiento por decisiones urbanísticas en las viviendas y negocios de la calle del Tío Catalá en la Granadella de Xàbia. Una zona que está considerada en el plan general de ordenación vigente, como de especial protección y que pierde tal condición en el documento urbanístico que está elaborando el Ayuntamiento desde hace ya más de diez años.
A finales del año pasado trascendió otro auto también, en el que el resultado es el mismo. Rechazo al recurso con los mismos argumentos, condena al Ayuntamiento y orden de reactivación del expediente de infracción urbanística.
De hecho, el pasado 26 de marzo a través de un decreto, la concejala de urbanismo, Isabel Bolufer, ordenó la reapertura del expediente de infracción de urbanística contra uno de esos locales, dando cumplimiento así a la sentencia notificada al ayuntamiento en diciembre.
