El gobierno de Calp (PP y C’s) aprobó hace una semana en solitario el pliego de condiciones de la recogida de los residuos urbanos y la limpieza viaria. Una aprobación que dos de los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, han recurrido con el fin de impugnarlo y que el contrato cumpla los criterios «mínimos de reciclaje».

Ya lo anunciaron durante el debate en el pleno, y así ha sido. Compromís presentó ayer un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, fundamentado por su portavoz, Ximo Perles, mientras que los socialistas han presentado alegaciones directamente en el Ayuntamiento.

En su recurso, Compromís asegura que el pliego de condiciones aprobado por PP y C’s «no prevé ningún mecanismo para aumentar el reciclaje en el municipio», lo que supondría, a juicio de los nacionalistas «incumplir los criterios mínimos de reciclaje que impone la UE».

Pero además, también hace referencia a que en el documento «no se haya incluido la construcción de una planta de transferencia en el municipio».

Esta planta permitiría un primer tratamiento de los residuos en el municipio, y posteriormente remitirlos a la planta de valorización de El Campello.

En la actualidad tras vaciar los contenedores de Calp, los camiones van a esa planta con el consiguiente coste por el transporte.

Algo que el portavoz nacionalista calificó como «una aberración». Además Perles insistió que tras analizar detenidamente los documentos están convencidos que el pliego «es irregular porque no garantiza la recogida selectiva que exige la UE pero tampoco la que recoge» el Plan Integral de Residuos de la Comunitat.

Y remarcó que ya era hora de que el «compromiso con el Medio Ambiente se concrete en hechos y no en simples declaraciones bienintencionadas».

Por su parte el PSPV considera «inaceptable» la organización del servicio que apunta el pliego de condiciones del contrato «más importante que licita el Ayuntamiento de Calp» y que supone un desembolso anual de 4,50 millones de euros.

Asimismo auguraron que la empresa que resulte adjudicataria «podría incurrir fácilmente la supresión de determinados servicios diarios de los vehículos tanto de RSU como de limpieza viaria ya que no se contempla un control informatizado y telemático sobre el control del mismo».

De hecho en sus alegaciones, lamentaron que en pleno siglo XXI con las tecnologías modernas que permiten «controlar» tanto los vehículos como los propios contenedores de manera «instantánea» el equipo de gobierno calpino «apruebe un contrato que podría recaer en la misma falta de control y rigurosidad» del anterior, que generó «un escándalo».