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Las defensas piden que se anule el juicio por el fraude de la basura de Calp

Los abogados sostienen que los delitos están prescritos, lo que rechaza la Fiscalía al afirmar que las facturas se inflaron hasta 2012

El exedil Juan Roselló; su cuñado, Artacho; el excalde Morató, y el empresario Ángel Fenoll. | ÁLEX DOMÍNGUEZ

A la segunda fue la vencida. El juicio por el presunto fraude de la basura de Calp arrancó ayer en la Audiencia de Alicante tras suspenderse el pasado mes de enero por la pandemia. Las defensas cumplieron el guión y pidieron que se anulara el juicio. Hasta el próximo 19 de octubre no se retomará la vista. Ese día se interrogará a los ocho acusados, el exalcalde de Calp, Javier Morató; el exedil Juan Roselló, su esposa, Amparo Femenía y su cuñado Francisco Artacho; el también exedil Fernado Penella; el empresario Ángel Fenoll y su hijo, y el técnico Juan Cervantes.

Las defensas piden que se anule el juicio por el fraude de la basura de Calp

Sus letrados pidieron que se invalidaran las escuchas en las que se basa el proceso (están registrados los supuestos sobornos que pagó Fenoll a los entonces dirigentes calpinos para lograr el contrato de la basura). También reclamaron que se anularan los registros en la empresa de Ángel Fenoll.

Las defensas piden que se anule el juicio por el fraude de la basura de Calp

Pero el tribunal dejó claro que su decisión sobre estas cuestiones previas se producirá cuando dicte sentencia.

Las defensas piden que se anule el juicio por el fraude de la basura de Calp

La Audiencia juzga un presunto fraude de más de cuatro millones al Ayuntamiento de Calp a través de facturas infladas del pesaje de la basura.

Las defensas esgrimieron la sentencia dictada en Elx que anulaba las escuchas de otra pieza del caso Brugal. Algunos letrados plantearon, además, que los hechos se produjeron en 1998 (ese año se firmó el contrato) y estarían prescritos. Sostuvieron que hasta 2014 no hubo ni una sola resolución que concretara qué delitos se imputaban a cada acusado. Los delitos son cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía recordó que la anulación de las escuchas en el caso de Elx se ha recurrido al Supremo. Y sostuvo que el fraude se produjo hasta 2012 y no ha prescrito.

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