A los alcaldes de la Marina Alta les rechinan los manejos empresariales en la sanidad pública de la Marina Alta. Quieren la mejor asistencia sanitaria para sus vecinos. Y lamentan que, en lugar de plantear cómo mejorar la atención y las listas de espera, las empresas que controlan Marina Salud, la concesionaria de la sanidad en la comarca, urdan operaciones mercantiles.

Veintisiete alcaldes y concejales de la Marina Alta acudieron ayer a la reunión que convocó en el hospital de Dénia el comité de empresa (órgano que representa a los trabajadores). El motivo era analizar la venta por parte de DKV de sus acciones a Ribera Salud, que se ha hecho con el 100 % de las participaciones. Los portavoces del comité de empresa insistieron en que un movimiento de este calado, en el que uno de los socios se hace con el control absoluto del departamento de salud, no puede ceñirse al mero ámbito empresarial. La operación, aseguraron, debió haberla autorizado de forma expresa la conselleria de Sanidad. Esa misma conclusión es a la que ha llegado la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a la que apelará la conselleria para frenar la venta de acciones. La consellera Ana Barceló anunció el lunes que iniciarán acciones legales.

Los alcaldes llevarán a los plenos mociones para pedir a la conselleria contundencia para bloquear esta operación mercantil. Le exigirán que aplique medidas cautelares. La moción también incidirá en que urge recuperar la gestión pública del hospital y del departamento de salud. Unos munícipes quieren que se pise a fondo el acelerador (los de Compromís). Otros (los del PSPV) están en la línea de la consellera y abogan por tener lista toda la maquinaría para que el 31 de diciembre de 2023, que es cuando acaba la concesión, se recupere inmediatamente la gestión pública.

La presencia de ediles del PP fue destacada. Eso sí, hubo una ausencia clamorosa, la de la alcaldesa de Calp, Ana Sala.

El comité de empresa reiteró que la conselleria de Sanidad ha reaccionado tarde al movimiento empresarial que le ha dado el control a Ribera Salud en el departamento de Dénia. Sus representantes recordaron que Barceló ya contaba con informes de la Abogacía de la Generalitat que dejaban claro que esta operación requería del previo permiso de la conselleria. Reprocharon que la respuesta no llegó hasta 15 días después de que se hiciera efectiva la venta de acciones.

Los portavoces del comité de empresa también advirtieron de que una cesión de contrato es uno de los motivos que recoge la ley para rescindir una concesión. Echan en falta que la conselleria sea más ambiciosa. Y lamentan que deje pasar la oportunidad de rescatar ya la gestión pública del hospital y el departamento de salud.