El yacimiento romano de Banys de la Reina de Calp vale un potosí. Su riqueza arqueológica no tiene precio. Y los 15.000 metros cuadrados que son de propiedad privada y que están en primera línea de playa ya tienen una valoración contante y sonante. El equipo del urbanista Gerardo Roger, contratado por el ayuntamiento para resolver la compleja ecuación de Banys de la Reina, ha cifrado la operación de lograr la titularidad pública de estos terrenos en 26 millones. De esa cifra hay que restar los 5 millones de una de las parcelas que ya adquirió el consistorio mediante una permuta. El equipo de Gerardo Roger plantea que el yacimiento pase a titularidad pública a través de una expropiación forzosa. Y el ayuntamiento, cuyo presupuesto anual es de 37 millones de euros, quiere que el Consell se rasque el bolsillo. Plantea que sea el propio consistorio el agente expropiador, pero que la Generalitat se quede los terrenos y los pague. Y subraya que con los aprovechamientos urbanísticos derivados de la expropiación, la conselleria de Vivienda podría promover vivienda social, que falta hace, en otras zonas de Calp.
La comisión especial de Banys de la Reina, de la que forman parte el gobierno local (PP y Ciudadanos), la oposición (PSPV, Compromís y Defendamos Calp), expertos del MARQ y representantes de la Generalitat y la Diputación, aprobó el viernes la tramitación del Plan Especial de este yacimiento. Es un paso decisivo hacía la protección y musealización de este enclave arqueológico.
