Las familias de Calp que viven en el edificio Cervantes se juegan su futuro en el juicio que comienza el lunes en la Audiencia de Alicante. Denunciaron a la empresa Promociones Torre Perles, S. L, por estafa continuada. La jueza de Dénia, al dictar el auto de apertura de juicio oral, impuso a la empresa como responsable civil directo y a la entidad bancaria la Caixa como responsable subsidiario una fianza de 1.440.362 euros. Es el dinero para resarcir a los compradores de los pisos, que se han visto abocados a acudir a la justicia para evitar que la finca saliera a subasta. Temen perder las viviendas y el dinero que han pagado por ellas. Todos han abonado entre el 80 y el 100 % de los contratos de compra que firmaron en el año 2007 con la promotora.

Los vecinos se han visto atrapados en una espiral. Consultan todos los días los boletines oficiales. Les asusta que de un día para otro la finca salga a subasta. La entidad bancaria vendió la deuda que acumuló el promotor a un fondo buitre. Los vecinos aseguran que intentaron negociar con el banco, pero se toparon con un muro.

«Ahora todas nuestras esperanzas están puestas en la justicia. Confiamos en que dicten sentencia a nuestro favor y así acabar con esta pesadilla. Solo pedimos vivir tranquilos en las casas que hemos pagado», afirma Javier Iglesias, uno de los afectados y presidente de la comunidad de vecinos.

Los dueños de los pisos acudieron a la vía penal para tratar de salvar el dinero que habían invertido. Algunos de ellos iniciaron y ganaron procedimientos civiles para rescindir los contratos de compra y recuperar lo que habían pagado. A estos pleitos no compareció la mercantil, declarada en rebeldía.

Al firmar el contrato de compra, los vecinos, en su mayoría jóvenes familias, entregaban 80.000 euros. Eso fue en 2007. Debían recibir las llaves en el segundo trimestre de 2008. Pero las obras se paralizaron. En 2010, la finca seguía sin estar terminada. Pero las familias lograron, por fin, que la promotora les diera las llaves y se fueron a vivir a sus pisos. Tenían luz y agua de obra. Sufrían constantes apagones. La empresa no había pagado el centro de transformación ni a los profesionales que debían certificar el final de obra. Entre todos los vecinos tuvieron que abonar más de 25.000 euros para lograr que les dieran la cédula de habitabilidad.

Más de una vez se quedaron a oscuras y sin una gota de agua, ya que el promotor no pagaba las facturas. No es extraño que varios propietarios optaran por ir a los tribunales para que se rescindiera el contrato y se le devolviera, con los pertinentes intereses, el dinero que habían pagado.

Ganaron y las sentencias reflejan también la responsabilidad de la entidad bancaria. Los compradores depositaban el dinero en una cuenta especial. La promotora solo podía utilizarlo para construir la finca. Pero el empresario hizo movimientos para que otras cuentas de sus mercantiles no se quedaran en números rojos.