El Ayuntamiento de Dénia recibió ayer por registro de entrada el requerimiento de la Conselleria de Políticas Inclusivas para designar a los cinco representantes, además del alcalde, que formarán parte de la comisión mixta que empezará en breve a trabajar en el proceso de traspaso a la Generalitat de la residencia municipal de Santa Llúcia. La residencia pasará a formar parte del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

En un plazo de 15 días naturales, el consistorio tiene que nombrar a las personas que participarán, tanto al personal político como al técnico. Desde el equipo de gobierno ya se ha avanzado la voluntad de integrar también a los representantes de los grupos políticos de la oposición.

La composición de la comisión será paritaria entre representantes de la Generalitat y de la entidad local. La presidencia recaerá en la consellera Mónica Oltra y la vicepresidencia en el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt.

Este requerimiento y la constitución de la comisión mixta son los dos primeros pasos que inician efectivamente el proceso de transferencia de la residencia municipal, en cumplimiento de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, que en la disposición transitoria primera especifica que “la Generalitat, de acuerdo con lo que dispone el Plan estratégico de servicios sociales de la Comunitat Valenciana promoverá el proceso de transferencia progresiva a la Generalitat de las infraestructuras y equipaciones de atención secundaria y de los servicios de atención diurna, de atención ambulatoria y de alojamiento alternativo de la atención primaria, de titularidad de las entidades locales”.

El 30 de noviembre de 2020 el Ayuntamiento de Dénia recibió la carta de la Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema en que se solicitaba información sobre el centro, en el marco del estudio general de la situación de los centros residenciales (atención secundaria) de titularidad municipal, que la conselleria estaba desarrollando para dar cumplimiento a la mencionada ley, y “avanzar en el traspaso de infraestructuras de competencia autonómica”.