La Fiscalía Anticorrupción está investigando la existencia o no de irregularidades en algunas contrataciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Ondara en el ámbito cultural, en concreto, las referidas a contratos enmarcados en la iniciativa “La Joia de la Cultura”, un ciclo de cultura segura que se puso en marcha durante la pandemia. La denuncia, presentada por el PP, cuestiona la legalidad de los contratos. La Fiscalía ha pedido información sobre tres empresas vinculadas a esta programación cultural (se realizaban actuaciones en la plaza de toros, ya que era un lugar amplio y donde se podían guardar las distancias de seguridad). También ha reclamado información sobre las competencias que tiene atribuidas la concejala socialista Raquel Mengual (es la responsable de Cultura) en materia de contratación. Esa competencia es de la junta de gobierno y los contratos están avalados por informes técnicos.
Este asunto fue abordado ayer en el pleno ordinario de ayer de Ondara en uno de los puntos del orden del día (aprobar definitivamente el procedimiento de revisión de oficio de una factura de una de las empresas objeto de investigación). Al concluir el punto, el alcalde de Ondara, José Ramiro, del PSPV, aprovechó para preguntar directamente al PP si este partido estaba detrás de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. El portavoz popular, Álex Hernández, confirmó que su partido había presentado la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Hernández matizó, no obstante, que no había denunciado a la concejala de Cultura. Dijo que el PP había llevado otros asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, que "entra de oficio si ve alguna irregularidad". Defendió que esta vía es la más correcta. "Es mejor que ir al juzgado de Dénia a presentar la denuncia y hacernos la foto como han hecho otros aquí. Hasta el momento, no nos hemos pronunciado ni hemos querido hacer daño a ninguna persona en particular", sostuvo el portavoz popular.
José Ramiro avanzó que "esta denuncia quedará en nada, porque no hay nada". Y reprochó a los populares que su modelo de oposición es "denunciar por la vía penal a concejales y concejala, un modelo que criticabais cuando el PP estaba e el gobierno".
La factura que dio origen al debate, presentada por la empresa Maximled y que sube a 4.005 euros (el concepto era alquiler de escenario, sonido y luces), se revisará. El pleno aprobó ayer declarar nulo (PP y Ciudadanos se abstuvieron) el acuerdo de la junta de gobierno por el que se daba luz verde a abonarla. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha corroborado que la no haber expediente de contratación previo la factura "adolece de vicio de nulidad absoluta".
