El juzgado Contencioso de Alicante ha rechazado la solicitud de medidas cautelares realizadas por Javeacompany en relación con el cierre de uno de sus locales en la zona de la Punta del Arenal, y ese local no ha podido abrir desde que fue precintado por orden del Ayuntamiento de Xàbia.

La empresa propietaria de tres de los siete locales cerrados por orden del Ayuntamiento tras exigirlo una resolución de la Agencia Antifraude Valenciana, llevó al juzgado de la Contencioso de Alicante el precinto ejecutado por la Policía Local de Xàbia durante el mes de mayo en La Bambula, Aqua y Achill. Cada cierre de cada local fue presentado en los juzgado de lo Contencioso.

A lo largo del verano, Javeacompany desveló los autos que le autorizaban las medidas cautelares para los locales Achill y Bambula, pero en el caso del Aqua el auto del magistrado se ha hecho esperar. Y el local lleva cerrado desde mayo.

Finalmente el juez del Contencioso Administrativo número 3 ha desestimado la petición de medidas cautelares realizada por Javeacompany contra la clausura de este local en tanto en cuanto analiza el fondo del asunto.

En el auto al que ha tenido acceso Levante-EMV la Sala acuerda desestimar la solicitud e imponer las costas a la propiedad.

En su argumentación el magistrado afirma que no existen “elementos que permitan acceder a la medida cautelar solicitada” así como que cuando el “cierre se ha materializado de manera forzosa, es absurdo solicitarla, dado que la misma carece propiamente de objeto”.

Otro de los aspectos que destaca el juez en el auto es que Javeacompany pudo “haber solicitado ante la propia Administración (el Ayuntamiento) la medida cautelar, pero no lo hizo, dando lugar a que la Administración ejecutase de forma forzosa el acto administrativo (el precinto y cierre del local)”. Y añade “es solo entonces cuando acude a sede judicial y pretende la medida cautelar interesada”.

Asimismo aclara el magistrado que la “medida cautelar lo es sobre la ejecutoriedad del acto administrativo, si el acto ha sido ejecutado por la propia Administración, no hay ejecutoriedad que pueda suspenderse”.

Por último, el juez de la sala número 3 señala que en la valoración de los intereses en conflicto “procede dar sin ningún género de dudas prioridad al interés público que defiende y representa la Administración pública demandada”.