La Audiencia Provincia de Alicante ha condenado a cinco acusados del conocido como caso de las basuras de Calp, una de las piezas separadas del llamado caso Brugal.
Los condenados son los dos principales implicados, el exalcalde, Javier Morató, el empresario Ángel Fenoll, los exediles Juan Roselló y Fernando Penella, así como Francisco Artacho cuñado del propio Roselló. La audiencia considera probados que pagaron y recibieron sobornos entre otras irregularidades, cometidas a través de la contrata de la recogida de la basura y su posterior tratamiento a cargo de Colsur, la mercantil propiedad de Fenoll.
En concreto, Javier Morató y los exediles han sido condenados a penas que suman dos años, seis meses y un día de prisión, así como 13 años de inhabilitación especial. Pero también los jueces les imponen el pago de multas como autores de “un delito de cohecho, un delito de prevaricación y un delito de fraude a la Administración”.
Para el empresario, Ángel Fenoll, los magistrados de la Sección Segunda, le imponen una condena de dos años y un día de cárcel, ocho años de inhabilitación y a multas como autor del delito continuado de “cohecho, inductor del delito de prevaricación y cooperador necesario del delito de fraude”.
Mientras, para Franciso Artacho la condena son dos años de privación de libertad, diez años de inhabilitación como cooperador necesario del delito de cohecho e inductor del delito de prevaricación.
Los jueces de la Sección Segunda absuelven a otros tres acusados, por falta de pruebas de los delitos que la Fiscalía les atribuía en la causa.
La sentencia declara probado que el empresario Ángel Fenoll pagó en 1998 al entonces alcalde de Calp, Javier Morató, al concejal de Hacienda, y al de Turismo, Playas y Aguas, 100 millones de las antiguas pesetas a cambio de la adjudicación a su mercantil, Colsur, de la concesión del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la localidad. En esos sobornos, había otra partida de unos 90.000 euros (15 millones de ptas) destinada al club de fútbol local en la que intervino como intermediario Francisco Artacho, quien percibió a su vez “al menos 24.000 euros”.
Según la sentencia, el contrato de la concesión, que tenía una duración de 25 años, se firmó en febrero de 1998, pero en noviembre del mismo año, como la facturación no era suficiente para hacer frente a los sobornos acordados, el empresario planteó ampliar el contrato para obtener mayores ganancias. Así en julio de 2.000 la comisión de gobierno aprobó dicha ampliación, que consistía en la derivación a la planta de tratamiento de residuos de las algas provenientes de las playas del municipio.
