Víctima de una trama corrupta en Calp: "Llevo 18 años esperando a que se haga justicia"

La corrupción destroza vidas. El empresario jubilado Nicolás Agudo sabe de lo que habla. Lleva 18 años esperando justicia. Y la justicia no llega. Ayer presentó en el juzgado de instrucción número 1 de Dénia una queja dirigida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Denuncia la «demora injustificada» del juicio del caso Aguas de Calpe. Están acusados, entre otros, el exconcejal del PP de Calp Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho. La trama de subcontratatas (la primera adjudicación fue a dedo a una empresa de Artacho sin ninguna experiencia en obra pública; se dedicaba, de hecho, a repartir publicidad) «enganchó» a Nicolás Agudo. Su empresa, Exca-Gata, hizo las obras. Le dejaron a deber 245.233 euros. No vio un euro. Lo arruinaron. La trama también defraudó, según el Fiscal, más de un millón de euros al ayuntamiento. Las diligencias judiciales se iniciaron en 2005.

«Han pasado ya 18 años y sigo esperando a que me devuelvan lo que es mío. Me han destrozado. Me he quedado ciego. Hoy he presentado esta queja, la segunda ante el CGPJ. Lo siguiente que voy a hacer es acampar bajo el olivo que hay en la fachada del juzgado de Dénia. Es ya lo último que me queda para exigir justicia. Una justicia que llega tarde no es justicia», denunció ayer Nicolás Agudo.

El propio fiscal advirtió en 2019 que los acusados recurrían a «maniobras dilatorias» para retrasar el juicio. La primera queja ante el CGPJ de este empresario jubilado se archivó. Se le notificó entonces que el retraso se debía a que no se había podido notificar la apertura de juicio oral a Salvador Ibarra, implicado en la trama y gerente de Montubo, una de las subcontratas que se embolsó dinero sin mover una piedra. Ibarra llegó a tener una orden de busca y detención. Luego surgió otro contratiempo. El procedimiento se envió al juzgado de Benidorm cuando correspondía remitirlo a la Audiencia de Alicante. El caso es que, entre unas cosas y otras, el caso, que ya en marzo de 2020 (hace tres años) contaba con escrito de acusación del Fiscal y estaba listo para que se celebrarse el juicio, sigue encallado. Las diligencias se han devuelto al juzgado de instrucción número 1 de Dénia.

Nicolás Agudo advierte de que es desesperante. Primero lo atrapó la trama y ahora no ve la salida en el laberinto judicial. Pero este empresario coraje que por sí solo ha mantenido viva esta causa no se rinde y va a continuar luchando.

El Fiscal señaló en el escrito de acusación que Juan Roselló y su cuñado urdieron la trama de sobreprecios (las obras estaban infladas) y subcontratas. Aguas de Calpe, de la que Roselló y Francisco Zorrilla eran consejeros y Alberto Mut delegado, contrató a dedo a la empresa de buzoneo de Artacho las obras millonarias de renovación de la red de agua. La empresa de Artacho recibió 3,1 millones (salieron de subir las tarifas a los vecinos). Subcontrató a Montubo que, a su vez, le encargó los trabajos a Exca-Gata y Vives Dalmau. Por el camino, «se perdió» un millón de euros (dinero del ayuntamiento). Y luego los implicados tampoco pagaron a las mercantiles que sí realizaron los trabajos.

El Fiscal pide 9 años de prisión para Roselló y otros tantos para Artacho por los delitos de prevaricación administrativa y fraude continuado y por el de estafa. Solicita la misma pena para Jesús Lara Santamaría, administrador de OHL (Obras Hidráulicas de Levante), la empresa originariamente de buzoneo cuyo máximo accionista era Artacho. Además, pide para Francisco Zorrilla y Alberto Mut 7 años y 3 meses de cárcel. Mientras, Victoriano Sánchez y Antonio Ramón Céspedes, quienes presuntamente sacaron 435.801 euros de la cuenta de OHL y se los dieron a Artacho, se enfrentan cada uno a 6 años de cárcel.