El PP de Teulada ha sido categórico. Ha asegurado que "no le exige nada a nadie, y mucho menos a la familia de la exconcejala" María José Vidal Vallés, quien falleció el pasado mes de octubre a los 55 años de edad. Mientras, la familia ha lanzado un comunicado en las redes sociales en el que pide a los populares, que gobiernan con mayoría absoluta, y al edil Héctor Morales (el tránsfuga socialista que ahora lidera un partido independiente) que rechacen seguir adelante con el expediente que podría anular los derechos políticos y económicos de Vidal y su compañero Adrián Ruiz, a quienes Ciudadanos expulsó cuando entraron en junio de 2019 en el gobierno de Rosa Vila, de Compromís. La familia anuncia que defenderá el buen nombre de María José y reivindica que, mientras tuvo competencias en el gobierno local y luego cuando fue concejala en la oposición, "trabajó incansablemente por su pueblo" y "no cometió ningún delito".
El problema es que el pasado mes de abril, antes de acabar la anterior legislatura, el PP y los tránsfugas Héctor Morales y Alejandro Llobell aprobaron en pleno que las delegaciones y retribuciones que Rosa Vila otorgó a Adrián Ruiz y María José Vidal eran nulas. La propuesta fue de Morales. Invocaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que los ediles no adscritos no pueden tener más competencia ni percibir más retribuciones que cuando estaban en el partido por el que fueron elegidos. En el caso de estos dos exconcejales ese planteamiento parece un poco cogido con pinzas, ya que eran nuevos en la corporación.
El PP, tras lograr la mayoría absoluta y poder gobernar sin un socio tan incómodo como Héctor Morales, no parece tener mucho interés en mantener vivo este procedimiento. Pero Morales aprieta. Él y el exconcejal Alejandro Llobell, los tránsfugas socialistas que a mitad del pasado mandato le dieron la alcaldía al popular Raúl Llobell, han ganado en primera instancia un ligitio iniciado por Compromís para que devuelvan los sueldos que percibieron cuando gobernaban con el PP. Los valencianistas han recurrido.
El pleno de este miércoles debatirá el rechazo al recurso de reposición que presentaron Adrián Ruiz y María José Vidal. La familia asegura que de seguir adelante el expediente (el siguiente paso sería ir a los tribunales) el ayuntamiento le reclamaría a cada uno de estos exediles 47.000 euros. Es, desde luego, de mal gusto que se pida ese dinero a una exconcejala fallecida y que, mientras estuvo en el gobierno local (no llegó a los dos años), ejerció su labor sin tacha.
Sin embargo, hay un dictamen del Consell Jurídic Consultiu que avala que las delegaciones y retribuciones de estos ediles fueron nulas. Los populares no quieren que se hagan conjeturas ni se adelanten acontecimientos. Insiste en que el punto del orden del día solo atañe a "desestimar el recurso de reposición presentado por los dos exconcejales". Afirman que de las dos acciones abiertas por casos de transfuguismo "ninguna está iniciada por el PP, ninguna fue impulsada por el PP y no está en la mano ni corresponde decidir al PP". También subrayan que el posible acuerdo de pleno no hace referencia a cantidades. "No será el PP el que decida. Se basará, como siempre, en lo que marque la ley actual".
El asunto es complejo. El procedimiento está iniciado. Hay que decidir entre la ley y la compasión. La familia está abatida. Ha sufrido una dolorosa pérdida. Es normal que espere de los gobernantes un poco de empatía.
