La Audiencia suspende el juicio del caso Aguas de Calp al detectar veinte años después que falta documentación

Tras retrasos acumulados de más de veinte años, el caso Aguas de Calp tendrá que seguir esperando fecha del juicio. La Audiencia de Alicante ha acordado esta mañana suspender la vista oral en el que estaba previsto que se enjuiciara la que es la causa de corrupción más antigua de la provincia y que estaba señalada a lo largo de toda esta semana. El motivo es que se ha detectado que más de 20 años después falta documentación que se aportó en su día al juzgado pero no ha sido remitido a la Audiencia para que se pueda celebrar el juicio. Aunque en un principio la voluntad de la sala era celebrar el juicio con el material del que ya se disponía, algunos abogados han planteado que los documentos que faltaban eran imprescindibles para su línea de defensa. Se da la circunstancia de que algunos de los letrados sí que disponían de la documentación que ahora aquí en la Audiencia no se encuentra. Por este motivo y a instancias de la Fiscalía, se ha acordado suspender la vista a la espera de intentar que en el juzgado en el que se investigaron los hechos se localice esta documentación. Todas las partes se han adherido a esta petición.

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En el banquillo se sientan el exconcejal del Ayuntamiento de Calp y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, Javier Artacho, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera dos de los presuntos cerebros del entramado y para quienes pide la pena de nueve años de cárcel. Se les acusa de prevaricación, fraude y estafa. Se da la circunstancia de que ambos ya fueron condenados a dos años y medio y dos años de cárcel, respectivamente, por las basuras de Calp, una pieza separada del caso Brugal y que juzgó la misma sala que ahora va a enjuiciar este, aunque esa sentencia está pendiente de ser confirmada en el Supremo.

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Por el caso Aguas de Calp, están acusados también los responsables de algunas de las mercantiles implicadas en las supuestas irregularidades, entre ellos el exgerente de la empresa mixta Aguas de Calp y uno de sus consejeros delegados. Los trabajos se adjudicaron a una empresa de Artacho, Obras Hidráulicas de Levante, sin ningún tipo de experiencia en el sector de la construcción. La mercantil subcontrató a su vez la ejecución de los trabajos e iba distribuyendo los fondos que recibía de Aguas de Calp. Entre los perjudicados están los empresarios de dos mercantiles que sí realizaron las obras y que no llegaron a cobrar ni un euro por ellas y que, según el escrito de acusación, fueron al bolsillo de los acusados. En el caso de Exca-Gata, se le dejaron sin pagar 245.233 euros; y a Vives Dalmau, la defraudaron 83.343 euros. Ambas están personadas como acusación particular.

Documentación extraviada

El proceso tiene hasta tres acusaciones particulares, aunque otras dos se han ido retirando tras todos estos años de juicio. Entre la documentación extraviada se encuentra la denuncia original que remitió la Fiscalía al juzgado cuando se detectaron las supuestas irregularidades, así como documentación del Ayuntamiento sobre la tramitación administrativa de estos proyectos y que se desvelaron en el transcurso de una comisión de investigación creada por los grupos de la oposición. En la sala se ha detectado que faltan centenares de documentos que ocupaban varias cajas y que se archivaron como anexos. Aunque estaba previsto que la vista se reanudará el miércoles, desde el tribunal se da por hecho que antes de esta fecha no se va a localizar esta documentación por lo que todavía no hay fecha para continuar con la vista. La suspensión ha provocado la indignación de algunos de los perjudicados que han visto como una vez más el caso parece abocado a seguir sufriendo retrasos.