El presunto cerebro de la trama de los chalés ilegales de Llíber se retracta y niega que pagara mordidas

El presunto cerebro de la trama urbanística de Llíber, el promotor Miguel Muntaner, se ha retractado de las supuestas mordidas que dijo haber entregado a autoridades del municipio. Tras haber declarado ante la Guardia Civil y el juzgado en su día que regaló un vehículo Mercedes al alcalde, José Mas, el empresario ofreció una nueva versión en la segunda sesión del juicio por la trama urbanística que se juzga en la Audiencia Provincial de Alicante. Muntaner ha dicho ahora que se trató de una venta a la esposa del alcalde del vehículo de alta gama. "Lo pagó su mujer. Ella quería comprarlo y yo la ayudé", ha dicho. Del mismo modo se ha retractado también de los supuestos pagos de 3.000 euros a autoridades municipales por cada licencia concedida, así como del pago de otros 10.000 euros por la electrificación de un terreno. Según sus explicaciones, este dinero no eran sobornos, sino las tasas correspondientes por los trabajos realizados. Para justificar el cambio de versión ha asegurado que se vio presionado en su declaración. "Se presentó la Guardia Civil en mi casa a las seis de la mañana con metralletas y me metieron dos días en un calabozo", señaló que todo ello fue con el objetivo de que incriminara a autoridades municipales. Aunque otro de los promotores acusados, sí que ha reconocido pagos de 200.000 euros al exaparejador municipal por la tramitación de los proyectos.

El exalcalde de Llíber niega que recibiera mordidas en la trama de los 300 chalés ilegales: "Mis bolsillos están vacíos"

La Audiencia de Alicante juzga una presunta trama urbanística que permitió la construcción entre 1999 y 2003 de cerca de 300 chalés ilegales en suelo rústico en el término municipal de Llíber. Los proyectos recibían autorización tras haberse pedido licencia para trabajos de restauración de almacenes de casas agrícolas con parte habitable, documento con el que se levantaron luego viviendas unifamiliares. El municipio carecía de Plan General propio y funcionaba con normas urbanísticas subsidiarias, que aún hoy siguen vigentes. 

En el banquillo, se sientan diez acusados, entre políticos, técnicos y constructores del municipio por unos hechos ocurridos hace más de veinte años. Entre los procesados está el alcalde en aquella época, el popular José Mas, así como el alcalde actual José Juan Reus, que era concejal en aquellos años, así como dos exediles y el exaparejador municipal, Amador Signes; y otros cinco empresarios. Hay además dos ediles imputados que fallecieron antes de celebrarse el juicio, uno de ellos el que fue alcalde socialista Juan Bautista Reus, y que relevó a Mas en el Ayuntamiento; así como la secretaria municipal, hoy incapacitada por una enfermedad degenerativa. La mayoría de los compradores eran jubilados extranjeros que venían buscando una casa en la provincia en la que disfrutar un retiro dorado.

Actividad de compraventa

Muntaner ha asegurado que él se dedicaba principalmente a la venta de terrenos y que trabajaba tanto con suelo rústico como urbanizable. Sobre el suelo rústico que vendió, se desvinculó de las obras realizadas en ellos. "Los compradores iban al Ayuntamiento y pedían la licencia, si ellos se lo autorizaban no era cosa mía", ha señalado, desvinculándose de la proliferación de construcciones ilegales. "Se construyó mucho y había muchas casas en muchos terrenos", subrayando que él era un empresario más y que no se encarga de tramitar las licencias. El fiscal le ha insistido preguntando para qué operaba tanto en terrenos donde no se podía construir y este ha señalado que compraba y vendía suelo de todo tipo, tanto rústico como urbanizable. El empresario se ha resistido a decir que lo que aprobaba el Ayuntamiento era una licencia de obras. "Dieron autorización", ha dicho y cuando el fiscal le ha reiterado que la licencia no era para una vivienda de nueva construcción, este ha respondido que "el Ayuntamiento daba autorización al proyecto presentado". En algunos momentos del interrogatorio, el promotor se ha mostrado desafiante con el fiscal asegurando que muchos extremos del escrito de acusación eran "una fantasía" e insistiendo en que en otros procesos por hechos similares él había quedado absuelto.

En el juicio han declarado otros constructores acusados, todos ellos extranjeros, que han insistido en que a ellos les dijeron que todo estaba correcto y no se les advirtió de la ilegalidad de las viviendas. Aunque en el juzgado de Instrucción algunos de ellos llegaron a decir que Muntaner les dijo que en Llíber podían hacer lo que quisieran porque tenía al arquitecto y al alcalde bajo control, en el juicio han sido más suaves y no han querido implicar a nadie, insistiendo en que todo estaba en regla y que las casas se terminaron tras aprobarse los proyectos. En esas declaraciones anteriores, cuando vieron el tipo de licencia que les estaban dando, la respuesta que recibían era que "en este pueblo las cosas funcionan así". En el juicio de este miércoles, se acogían a decir que han pasado más de veinte años y no recordaban bien el tipo de licencia recibida. Uno de estos constructores ha llegado a admitir que pagó más de 200.000 euros al exaparejador municipal, aunque ha especificado que ese dinero fue en concepto del trabajo realizado. El exaparejador municipal, Amador Signes, que era un trabajador externo contratado por el Ayuntamiento, se ha acogido a su derecho a no declarar durante el juicio. Ni siquiera ha querido responder a su defensa. La investigación le coloca como otro de los diseñadores de la estrategia para la concesión de las licencias.

Casas legalizadas

Entre los acusados que están en el banquillo se encuentra el actual alcalde de Llíber, José Juan Reus, que entonces se ocupaba de las áreas de Agricultura, Educación y Hacienda. Este aseguró que antes de cada pleno se reunía con la secretaria del Ayuntamiento para informarse de los asuntos que se llevaban a la sesión y que ella le indicó que sobre las licencias "todo estaba correcto", aunque especificó que había otro edil para las cuestiones de Urbanismo. "Imagino que él se encargaría de comprobar que esto era así", puntualizó. Reus ha ido en la misma que el martes el exalcalde José Mas al insistir en que en los plenos las licencias se aprobaban por unanimidad porque venían con los informes favorables. Según explicó, el Ayuntamiento ha ido trabajando en la legalización de estas viviendas tras haber gestionado su regularización con la Generalitat. Algunas de ellas han llegado a ser vendidas por sus propietarios a raíz de la aprobación del Brexit, aseguró.

Otro exedil acusado, Vicente Andrés Ivars, ha señalado que se limitó a votar las licencias con el resto de sus compañeros de grupo y que desconocía si se trataba de casas de nueva construcción o de rehabilitación de otras ya existentes. Este concejal, que se ocupaba de la cartera de Fiestas, trabajó como escayolista en una de las empresas de la trama; y la vivienda de un familiar recibió una de las licencias ahora cuestionadas, hechos que desvinculó de su voto favorable a las licencias.

Asimismo, también está en el banquillo el exconcejal socialista José Ordines que aseguró que su grupo municipal nunca votó a favor de estas licencias. "Ni siquiera nos daban opción a votar y estas salían aprobadas con los votos de los cuatro concejales del PP", ha dicho. Según explicó cuando empezaron a escuchar historias sobre las licencias casas, quisieron que se hiciera constar su disconformidad. A partir de entonces, les ofrecieron votar a contra y se desmarcaron

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