Promesas de retiro dorado convertidas en una trampa urbanística en Llíber
Afectados por la trama de los 300 chalés ilegales declaran que nadie les advirtió de que estaban comprando suelo rústico y que les dijeron que no habría problemas

Un momento de la primera sesión del juicio por la trama urbanística de Llíber / José Navarro

Nadie les advirtió de la realidad del suelo que estaban comprando para construir su casa. A través de una inmobiliaria, adquirían la parcela y la vivienda se edificaba según las especificaciones que ellos daban. Con ese reclamo, decenas de británicos pensando en su jubilación adquirieron en Llíber lo que pensaba que sería la casa de sus sueños y se acabó convirtiendo en una pesadilla. El suelo era rústico y la casa no se podía legalizar.
El técnico del Ayuntamiento de Llíber acusado por los cerca de 300 chalés ilegales autorizados en el municipio no tenía facultad para aprobar esas viviendas. Así lo ha declarado el arquitecto que relevó en el cargo a este procesado durante el juicio por la presunta trama urbanística de Llíber y que se celebra en la Audiencia de Alicante. Según explicó, como arquitecto técnico, Salvador Signes, no tenía la capacitación para aprobar la licencia de obra. Además, las citadas construcciones se levantaron entre los años 1999 a 2003 con una licencia que solo contemplaba la rehabilitación de almacenes de fincas agrícolas con zonas habitables y que fueron el pretexto para levantar chalés unifamiliares con piscina, consolidando zonas urbanas de hecho en suelo que tenía la consideración de rústico en las normas subsidiarias vigentes en el municipio. Edificaciones de nueva construcción y en las que no se restauraba nada, según explicaron estos técnicos. En alguna de esas parcelas se llegaron a edificar hasta siete viviendas adosadas.
Por estos hechos, se sientan en el banquillo políticos, técnicos y constructores. En la sesión de este lunes han declarado los técnicos que hicieron los informes en los que se denunciaban las irregularidades y en los que se apoyó la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; así como una decena de perjudicados, principalmente jubilados británicos que buscaban una casa para pasar un retiro dorado y que desconocían la situación urbanística de lo que estaban comprando. Entre los políticos acusados se encuentra el que fuera alcalde de la localidad durante esos años, José Mas Avellá, así como el primer edil actual, José Juan Reus, que formaba parte de aquella corporación. Otros concejales acusados son Vicente Andrés Ivars y José Ordines. Los empresarios acusados son el promotor Miguel Muntaner, y los constructores Peter y Benjamin Schmidt, Trevor Bourne y Hans Aust. También estuvieron acusados, pero fallecieron antes del juicio el exalcalde socialista Juan Bautista Reus y el exedil José Fullana. Del mismo modo, la secretaria municipal también ha sido apartada del procedimiento por padecer una enfermedad degenerativa. El juicio se está celebrando más de veinte años después de que se detectaran las supuestas irregularidades.
Nuevas construcciones
Para la sesión de este lunes, la Audiencia había citado a los dos arquitectos que relevaron a Signes como arquitecto municipal de Llíber, después de que hubiera en 2003 un cambio en el equipo de gobierno del Ayuntamiento. “A partir de ese momento, el Ayuntamiento trató de paralizar las obras de las viviendas que ya estaban en marcha; mientras que en el caso de las que ya estaban terminadas, los propietarios se enfrentaban al problema de que tenían luz y agua de obra, ya que no se les podía dar la cédula de habitabilidad porque se encontraban fuera de ordenación”, han explicado. Los arquitectos hicieron informes individualizados de cada vivienda a instancia del Seprona, detallando las irregularidades detectadas. De todos modos incidieron en que “no hace falta tener conocimientos técnicos para saber que los proyectos presentados eran para viviendas de nueva construcción”.
Este lunes han testificado una decena de perjudicados que pensaban que todo el proceso era legal e ignorando la calificación del suelo. Al ser preguntados si hubieran comprado de haber sabido la realidad del suelo, la respuesta fue un rotundo no. Algunos se tenían que abastecer con un depósito que se iba rellenando, otros llegaron a hacer uso de placas solares porque la luz seguía a nombre de la constructora años después. Otros afectados aseguraron que les habían vendido menos terreno del que pensaban que estaban adquiriendo; o que sobre el plano la vivienda adquirida no se encontraba donde ellos habían comprado.
“En mi parcela había otra vivienda ya construida, compartida con la mía”, dijo uno de los perjudicados. Mientras que otro aseguró que no se enteró hasta años después, cuando le dieron la documentación, que la licencia otorgada no permitía la obra realizada. Los compradores aseguraron estar convencidos de que estaban comprando una vivienda con todas las garantías, hasta que empezaron a surgir los problemas.
Entre los perjudicados estaba el presidente de la Asociación Abusos Urbanísticos Llíber No, que formaron varios afectados para tratar de dar más fuerza a sus reivindicaciones. “Llevamos siete años sin reunirnos, pero la asociación sigue viva”, ha dicho. Algunos de ellos han logrado vender su vivienda y se han acogido a un plan para regularizar estas construcciones, pero otros no pueden hacerlo debido a que la parcela no reúne las dimensiones mínimas.
Casa a medio construir
Otro de los perjudicados relató que su casa se quedó a medio construir, debido a que el Ayuntamiento comenzó a paralizar las obras de las viviendas. La casa se quedó a un setenta por ciento, y comenzó otro calvario para poder terminarla. “La constructora se desentendió y hubo trabajadores que se llevaron material que ya estaba instalado por lo que tuvimos que comprarlo otra vez”, ha explicado. Según dijo, mientras estaban realizando las obras para hacer la piscina una empleada de una de las empresas proveedoras le aconsejó que se fuera buscando un abogado.
El que había sido el propietario de una de las parcelas sobre las que se construyó, ratificó que en ese suelo no había nada. “Era un campo de algarrobas y mi madre lo había vendido unos años antes”, aseguró, señalando al promotor Miguel Muntaner como el comprador de la finca.
El juicio continúa esta semana con la declaración de más testigos y podría quedar visto para sentencia la próxima semana
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