Afectados por los chalés ilegales de Llíber declaran que el técnico acusado les hizo los proyectos

Afectados por la presunta trama urbanística de Llíber han declarado en el juicio que el técnico acusado les llegó a realizar los proyectos de las viviendas. Y ello a pesar de que este era aparejador y, según las acusaciones, no tenía capacidad para realizar estos trabajos. En el banquillo se sientan políticos, técnicos y empresarios por la construcción en el término municipal de Llíber de cerca de 300 chalés ilegales en suelo rústico entre los años 1999 y 2003. Perjudicados por estos hechos han estado declarando esta semana en el juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante. Este miércoles ha sido la tercera jornada en la que han testificado algunos de los compradores. En su mayoría jubilados británicos, pero este miércoles también han declarado ciudadanos alemanes y españoles.

"Yo trataba directamente estos temas con Amador", han dicho algunos de estos testigos, en alusión a Amador Signes, que era el aparejador contratado por el Ayuntamiento en aquellos años como trabajador externo. Signes fue despedido tras un cambio en el equipo de gobierno en el año 2003, que procedió a la paralización de todas las construcciones irregulares. Algunos de estos testigos señalaron que había rumores de que en ese Ayuntamiento había mayor manga ancha con este tipo de solicitudes, "porque había personas poniendo el cazo", pero ninguno de ellos aportó pruebas más concretas que lo que se comentaba en la calle. Durante el proceso se trata de determinar si estas cantidades correspondían al pago de las tasas correspondientes o eran contraprestaciones para que se concediera la licencia. Los propietarios compran la parcela sobre la que después se levantaba la vivienda y luego se encontraron que no podían recibir la cédula de habitabilidad y han estado funcionando durante años con luz y agua de obra, en precario.

Promesas de retiro dorado convertidas en una trampa urbanística en Llíber

Olvidos

Los dos primeros días han testificado los perjudicados más activos y aquellos que están personados como acusación particular en la causa. En los interrogatorios de esta última sesión, se han escuchado otro tipo de testimonios. Los interrogatorios han estado marcados por los olvidos por parte de alguno de los testigos. "Han pasado más de veinte años", se justificaban. Uno de ellos llegó a decir que se había olvidado de que había puesto una denuncia ante la Guardia Civil. Otros incluso han renunciado a cualquier indemnización que les pudieran corresponder en caso de condena. Algunos porque consiguieron legalizar la vivienda, otros porque simplemente querían pasar página. Aunque hubo quién llegó a terminar la casa, otras se quedaron a medio construir y así han continuado desde entonces. "Perdí a mi mujer hace unos años y ver la casa me trae muchos recuerdos, por lo que ni siquiera he vuelto", aseguró.

Perdí a mi mujer hace unos años y ver la casa me trae muchos recuerdos, por lo que ni siquiera he vuelto"

"A mí la casa me la hizo el albañil, el proyecto no me acuerdo", dijo uno de los compradores españoles y vecino de la zona. En su día sí que señaló a Signes como la persona que le hizo el proyecto. Algunos de los compradores adquirieron la finca con el proyecto ya incorporado, aunque hubo otros que se buscaron a sus propios arquitectos, según los testimonios que se han escuchado.En el juicio declaró la trabajadora de una de las constructoras vinculadas con la trama, aunque el responsable de dicha empresa no fue acusado en esta causa, pero sí condenado en otros procesos. Esta testigo señaló que desde la empresa llamaban al arquitecto para darle los datos de los clientes que solicitaban la licencia y eran ellos quienes se acercaban a pagar. La mujer dijo que le extrañó en su día cuando vio que las licencias que se estaban otorgando era para rehabilitar almacenes, cuando lo que se estaba haciendo es construir viviendas nuevas. "Cuando pregunté qué pasaba me dijeron que en este pueblo las cosas funcionaban así", dijo. La mujer aseguró que en una ocasión el propio Amador Signes se pasó por la empresa a cobrar, algo que sabía porque se lo habían dejado en un sobre. Según explicó, tuvo un incidente con él cuando pretendió que le firmara un justificante.

Perder el tren

En el juicio declaró un abogado de Xàbia que estuvo asesorando a los compradores para la constructora. Este subrayó que sobre el papel todas las operaciones parecían correctas, porque contaban con la preceptiva licencia de obra. El letrado señaló que el municipio funcionaba con normas urbanísticas subsidiarias porque, según le habían explicado, no tenía presupuesto para hacerse su propio Plan General. "Me dijeron que Llíber no podía perder el tren del desarrollo urbanístico", explicó. El letrado incidió en que a pesar de la paralización "en todo este tiempo no hemos recibido una sola notificación por infracción urbanística por parte del Ayuntamiento". También aseguró que en la vía civil había conseguido condenas a las entidades bancarias por el dinero prestado para estas viviendas y que cifró entre 15 y 17 sentencias.

En el banquillo se sientan diez acusados, aunque llegó a haber encausadas hasta trece personas. Entre los políticos acusados se encuentra el que fuera alcalde de la localidad durante esos años, José Mas Avellá, así como el primer edil actual, José Juan Reus que formaba parte de aquella corporación. Otros concejales acusados son Vicente Andrés Ivars y José Ordines. Los empresarios acusados son el promotor Miguel Muntaner, y los constructores Peter y Benjamin Schmidt, Trevor Bourne y Hans Aust. También estuvieron acusados, pero fallecieron antes del juicio el exalcalde socialista Juan Bautista Reus y el exedil José Fullana. Del mismo modo, la secretaria municipal también ha sido apartada del procedimiento por padecer una enfermedad degenerativa. Dado el alto número de sesiones, la sala ha ido eximiendo a algunos de los procesados de la obligación de estar presentes en la sala y este miércoles solo había tres encausados presentes en la vista oral. De todas maneras, para la sesión final tendrán que estar todos para ejercitar su derecho de última palabra. Las defensas reiteran que algunos acusados ya fueron absueltos en otro juicio por hechos similares a este y, por tanto, esa resolución debería extenderse a este porque la Justicia no vio delito en el modo en que se concedían las licencias.

El juicio se retomará el próximo lunes con la declaración de los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que llevaron a cabo la investigación tras recibirse las denuncias. También está prevista la declaración de los testigos de la defensa. A partir del martes se podría empezar con los informes de conclusiones de las partes.

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