Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber

Los guardias civiles que investigaron la presunta trama urbanística que construyó cerca de 300 chalés ilegales en Llíber detectaron indicios de sobornos al exalcalde del municipio José Mas, así como al arquitecto técnico municipal, Amador Signes. Así lo han manifestado este lunes en el juicio que continúa en la Audiencia Provincial de Alicante y que se dispone ahora a entrar en su recta final. Los investigadores han vinculado el regalo de un vehículo Mercedes al exprimer edil con la intención de obtener una licencia para la construcción de un hotel en el municipio, aunque este proyecto nunca se llegó a pedir formalmente, precisaron.

Afectados por los chalés ilegales de Llíber declaran que el técnico acusado les hizo los proyectos

Durante la declaración prestada en su día ante la Guardia Civil, el considerado presunto cerebro de la trama, el promotor Miguel Muntaner, admitió algunas de las dádivas a las autoridades municipales como pago por los servicios prestados. Según este testimonio, entre estos regalos se encontraba la compra en Alemania de un vehículo Mercedes por el que se pagaron 8.000 marcos, obras en casa de un familiar del alcalde, así como el pago de 3.000 euros por cada licencia concedida. La investigación comprobó que había un vehículo de la citada marca y que se puso a nombre de la mujer del alcalde. Durante el juicio, Muntaner se retractó de esta declaración y aseguró que lo hizo porque se vio presionado por la Guardia Civil. Los agentes que tomaron declaración al promotor han negado la existencia de presiones y han señalado que este se encontraba asistido por su abogado. "Todo nos lo manifestó de manera espontánea", señalaron para reafirmarse en las conclusiones de su interrogatorio. Por su parte, Mas ha negado estas dádivas y ha alegado que se limitó a aprobar licencias que llegaban con todos los informes favorables. Tanto la defensa del exalcalde como la del técnico esgrimen también que un juzgado de Benidorm ya les absolvió por otras licencias concedidas en otras zonas del municipio, por lo que consideran que esta resolución también debe extenderse a este proceso.

Promesas de retiro dorado convertidas en una trampa urbanística en Llíber

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron la existencia de las irregularidades tras la denuncia de un afectado. Los agentes han señalado en el juicio que detectaron la existencia de 292 chalés ilegales construidos entre los años 1999 y 2003. La cifra se obtuvo de la documentación entregada por el propio Ayuntamiento, aunque solo se pudieron inspeccionar in situ por los agentes una veintena de ellos. Todas estas casas ilegales tenían en común que se solicitaban en parcelas de suelo rústico no urbanizable y con la solicitud de reforma de almacén agrícola con parte habitable.

"Esas supuestas ruinas que se pretendían rehabilitar o no existían o se encontraban a 50 metros de lo que se había edificado", señaló uno de los responsables de la investigación, cuando en la realidad se habían construido chalés con piscina. Según manifestaron los agentes, la obra se había realizado en parcelas que ni siquiera reunían el mínimo de 5.000 metros cuadrados que necesitaban para poder construir. En los casos en los que se contaban con parcelas de más 10.000 metros cuadrados, que sí llegaban al mínimo, estas se reparcelaban en hasta cuatro fincas más pequeñas para hacer más viviendas. En todo caso, para su aprobación no se solicitó el preceptivo informe a la Conselleria de Urbanismo.

También llamó la atención de los agentes el que el técnico que informaba a favor de las viviendas y el que elaboraba los proyectos de construcción era el mismo, el que era aparejador del ayuntamiento Amador Signes. En su mayoría, los compradores eran jubilados extranjeros que estaban convencidos de que habían adquirido una vivienda que cumplía con todos los requisitos legales. A lo largo de estos años, la mayoría de estos compradores han conseguido legalizar sus viviendas, aunque otros ni siquiera han podido acabar la obras.

Licencias en blanco

Durante los registros realizados en la operación, la Guardia Civil requisó en las oficinas del promotor Miguel Muntaner sellos del Ayuntamiento de Llíber y folios en blanco con las firmas del alcalde y del entonces arquitecto técnico. Documentos que según los agentes vendrían a ser licencias en blanco donde el constructor posteriormente podía poner lo que quisiera.

La Guardia Civil requisó en las oficinas del promotor Miguel Muntaner sellos del Ayuntamiento de Llíber y folios en blanco con las firmas del alcalde y del entonces arquitecto técnico

2,4 millones en cuentas en Andorra

Por su parte, el registro a Amador Signes se localizó entre la documentación intervenida evidencias de que podría haber obtenido ingresos por un montante de 480.000 euros relacionados con la trama. Los agentes realizaron una investigación de los bienes del investigado determinando que era titular de cuentas en Andorra con 2,4 millones de euros. Sin embargo, el concepto al que pertenecían esos ingresos no ha sido determinado.

Entre los políticos acusados se encuentra el que fuera alcalde de la localidad durante esos años, José Mas Avellá, así como el primer edil actual, José Juan Reus, que formaba parte de aquella corporación. Otros concejales acusados son Vicente Andrés Ivars y José Ordines. Los empresarios acusados son el promotor Miguel Muntaner, y los constructores Peter y Benjamín Schmidt, Trevor Bourne y Hans Aust. También estuvieron acusados, pero fallecieron antes del juicio el exalcalde socialista Juan Bautista Reus y el exedil José Fullana. Del mismo modo, la secretaria municipal también ha sido apartada del procedimiento por padecer una enfermedad degenerativa. Se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, estafa, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El juicio entrará este martes en su fase final con los informes de conclusiones de las partes. Está previsto que el fiscal y la acusación particular, que ejerce el abogado Bernardo del Rosal en nombre de algunos de los compradores, presenten sus informes finales y si reducen las penas solicitadas, ya que se trata de hechos ocurridos hace más de 20 años y podrían solicitar la atenuante por dilaciones indebidas. A continuación, las defensas presentarán sus informes finales a lo largo de los dos días siguientes, por lo que el proceso podría quedar visto para sentencia el miércoles.

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