Un perito declara que en el caso Aguas de Calp hubo proyectos sobrevalorados e incompletos

Sobrecostes y proyectos incompletos. Estas son las principales deficiencias que ingenieros de la Universidad de Alicante (UA) y la Universitat Politècnica de València (UPV) detectaron en los trabajos para la renovación de la red de agua potable en Calp aprobados en 2004, con una inversión prevista de 4,5 millones de euros. Uno de los autores de ese estudio ratificó este martes sus conclusiones ante el tribunal que enjuicia el caso Aguas de Calp. Su comparecencia centró la segunda jornada del juicio, marcada por el desfile de contrainformes periciales presentados por las defensas para cuestionar el análisis inicial.

La Audiencia de Alicante juzga, más de dos décadas después, las presuntas irregularidades en estas obras, por las que se sientan en el banquillo el exconcejal de Calp y exdiputado provincial del PP Juan Roselló, su cuñado Francisco Artacho y responsables de varias mercantiles presuntamente implicadas en el cobro de comisiones y en adjudicaciones amañadas. Los trabajos se ejecutaron a través de la empresa mixta Aguas de Calp, que subcontrató a otras compañías, las cuales, siempre según las acusaciones, derivaron a su vez las obras a terceras firmas sin actividad real. Esta maraña empresarial habría acabado dejando la ejecución en manos de constructoras que no cobraron por los trabajos. Los otros seis acusados son los responsables de las mercantiles señaladas.

La segunda sesión estuvo dominada por la declaración del ingeniero de Caminos de la UA Lázaro López Andrés, coautor, junto al técnico de la UPV Juan Francisco Fernández Bono ya fallecido, de los dos informes técnicos elaborados en 2005 y 2006 a petición del Ayuntamiento de Calp y del Gabinete Técnico de Precios de la Conselleria de Industria. López afirmó que tres de los cinco proyectos analizados presentaban graves deficiencias técnicas que impedían valorarlos, además de una tendencia sistemática a sobrestimar los costes. El estudio se encargó para determinar si era procedente financiar a través de la tarifa del agua la inversión de esas obras.

Los cinco proyectos a examen son la renovación de la red transversal de aguas, la puesta en marcha de una planta de ósmosis, la instalación de una tubería junto a la N-332 y la mejora de accesos a los depósitos y urbanizaciones. Según el perito, tres de ellos ni siquiera podían valorarse porque “no eran proyectos como tal”: estaban incompletos. En el de la tubería, por ejemplo, faltaba el informe preceptivo del Ministerio y no se especificaba la clasificación empresarial exigible a las compañías aspirantes a ejecutar la obra pública. La mayoría de las deficiencias se concentraban en el proyecto de renovación de la red transversal de aguas, el más relevante. Entre los precios inflados, el informe detectó un cálculo de tubería superior al necesario y la previsión de que un 30% de la roca a excavar sería “dura”, sin que existiera un estudio geotécnico que avalara esa estimación. López también cuestionó que se previera enviar toda la tierra extraída al vertedero, en lugar de reutilizarla para cerrar la zanja, como es habitual. Incidencias que permitían inflar los presupuestos.

Según su análisis, un proyecto valorado en 3.190.000 euros debería haber tenido un presupuesto real cercano a 1.699.000 euros.

El segundo informe, de 2006, se elaboró cuando las obras ya estaban en marcha. Su objetivo era verificar si lo ejecutado coincidía con lo proyectado. Para ello se practicaron 29 catas en el trazado de las tuberías. López indicó que estas comprobaciones ratificaron la sobrevaloración detectada, especialmente en los movimientos de tierras, cuyos costes calificó de “desproporcionados”. También consideró excesivos los gastos de señalización, entre el 4 % y el 5 % del presupuesto total, con partidas que alcanzaban los 70.000 euros mensuales, muy por encima de lo habitual.

Contrainformes

Los peritos aportados por las defensas presentaron conclusiones radicalmente opuestas. Ingenieros de la mercantil Incisa, especializada en obra hidráulica, aseguraron que los trabajos se ejecutaron en plazo, con calidad y sin desviaciones presupuestarias, y defendieron que la dureza de la roca es un parámetro que determina el director de obra. Otro perito sostuvo que no existían diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado, mientras que un cuarto experto criticó la metodología de las catas por la distancia entre puntos de muestreo. Este último afirmó haber realizado un estudio alternativo el año pasado en el que detectó variaciones del 50 % al 160 % en la dureza de la roca. También defendió que considerar excesivo el gasto en señalización suponía infravalorar la importancia de esos trabajos, que habrían requerido mantener vallas durante más tiempo del previsto por los autores del informe inicial.

El juicio se reanudará este miércoles con la declaración de un testigo cuya comparecencia quedó pendiente el lunes. Después está previsto iniciar el interrogatorio de los ocho acusados, lo que podría prolongar la vista hasta el jueves. El viernes se celebrarán los informes finales, y el procedimiento quedará visto para sentencia veinte años después del inicio de la investigación.

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